Estado de crisis y crisis de Estado

Esa voluntad de sometimiento o de vasallaje subyace en el debate sobre el encaje constitucional del confinamiento. Moncloa era desde el primer minuto consciente de que la fórmula escogida planteaba problemas serios, hasta el punto de que la exvicepresidenta Calvo planteó a otros grupos del Congreso la posibilidad de estudiar algún método intermedio. La idea fue desechada y lo que ahora pretendía el Gobierno era la convalidación ‘a posteriori’ de la idoneidad legal de su decreto. Al TC se le puede y se le debe reprochar su inaceptable retraso en un asunto que afectaba de lleno a los derechos fundamentales de los ciudadanos y por tanto a la estructura esencial del andamiaje democrático. Lo que no cabe es pedirle, como ha hecho uno de sus propios magistrados, que acompase sus veredictos a un presunto interés público falseado por la incapacidad del Gabinete -¡¡con tres jueces!!- para medir el alcance de sus actos. La campaña de descalificación contra la corte de garantías contiene todos los reflejos dogmáticos de unos partidos y unos dirigentes acostumbrados a utilizar la ideología como salvoconducto de cualquier desafuero arbitrario.

Y como el revés era previsible, el Gobierno trabaja ya en una reforma de la Ley de Seguridad Nacional que acredite la prerrogativa plenipotenciaria del presidente en un vaporoso «estado de crisis» cuya definición jurídica no existe. Se trata de consagrar un cesarismo de omnímodas facultades, invulnerable a cualquier control en situaciones declaradas -¿por quién?- excepcionales. Una herramienta que convierte la emergencia en factor habilitante de la supresión completa de las libertades, incluida la incautación de propiedades particulares. Soluciones Sánchez. La verdadera crisis -de Estado- estallará cuando no encuentre nadie que lo pare.