La izquierda y la Constitución

El PSOE parece haber admitido lo evidente y ha decidido aparcar la reforma de la Constitución porque no cuenta con el apoyo del PP. Llegan tarde los socialistas a esta revelación, pero tampoco significa que vayan a cambiar de estrategia, a lo sumo de táctica. La Constitución de 1978 está sufriendo un proceso constante de derogación por inaplicación en asuntos esenciales, sin que las respuestas de los tribunales de Justicia y del Tribunal Constitucional modifiquen sustancialmente los daños causados. Así es como tenemos un Gobierno que pervirtió el sistema de derechos y libertades durante la pandemia con dos estados de alarma inconstitucionales y que selló al Parlamento para que no lo controlara mientras, con el mantra de ‘salvar vidas’, puso a España en un estado de excepción encubierto. Los tribunales afirman el derecho de las familias catalanas a que sus hijos reciban educación en castellano en un modestísimo 25 por ciento de su horario lectivo, y el Gobierno nacionalista de Pere Aragonès anuncia que no cumplirá este mandato judicial. Se distorsiona el indulto para premiar a delincuentes no arrepentidos, se abusa hasta la extenuación de los reales decretos-leyes, se somete al CGPJ a las servidumbres del Ejecutivo, se expone a la Corona a descalificaciones impunes, incluso de socios del PSOE, y así todo, hasta llegar a una legalidad paralela que no deroga la Constitución, pero compite con ella en la ejecución concreta de las competencias del Gobierno central y de los ejecutivos autonómicos.

No hace falta instar un proceso específico de modificación sustancial de la Constitución porque tal cosa exige un tratamiento democrático, votaciones en el Congreso, disolución del Parlamento y referéndum. A la izquierda le basta con usar el poder creado sobre una mayoría de intereses negativos, como la que apoya a Pedro Sánchez, para reducir el papel de la Constitución al de un reglamento. El valor esencial de todo texto constitucional no reside en la fuerza vinculante de sus preceptos, sino en la lealtad de los representantes políticos con los principios en los que ese texto se inspira. Y ahí, en la deslealtad de la izquierda por sus pactos con fuerzas anticonstitucionales, radica el problema actual del orden constitucional español.