Tribuna abierta
La verdad no justifica la censura
El Estado ha de asumir con resiliencia la desinformación procurando mejorar su calidad democrática y la respuesta más efectiva es mayor información
Ayer en el BOE se aprobó un procedimiento contra la desinformación por el Consejo de Seguridad Nacional. Hace meses se supo que se identificaban noticias falsas y bulos que provocarían estrés social y desafección hacia el Gobierno o que la Guardia Civil barre las redes ... en busca de mensajes no delictivos capaces «de intoxicar, causar desasosiego y manipular a la opinión pública» con la «creación de clima contrario a la gestión de la crisis». Además, el CIS cuestionó si hay que mantener la libertad de difusión de noticias e informaciones o establecer prohibiciones.
Aunque sorprenda, esto no es nuevo, forma parte de la agenda de Seguridad Nacional contra las «amenazas híbridas». La propaganda y desinformación afectan a los estados, pueden provocar radicalización, desconfianza y descrédito entre los ciudadanos sobre sus instituciones y hasta sobre la democracia misma. Sin embargo, esta vulnerabilidad sólo la padecen los países democráticos con respeto a la libertad de expresión y los derechos humanos. Por eso, no puede establecerse un sistema de censura «purificadora» por la cual el poder caprichoso del Gobierno sea el guardián de la verdad y pueda dar lugar a abusos autoritarios, impedir informaciones investigativas, o a un control de las críticas y debilitar el debate público de ideas. Como Archibald Cox afirmó: «Ningún hombre, ningún comité y ningún gobierno, cuenta con la sabiduría y el desinterés para separar con exactitud y sin egoísmo lo que es verdadero de lo que es debatible, y estos dos de lo que es falso».
Este derecho garantiza una opinión pública libre, es pilar esencial de una democracia y debe «desenvolverse sin angostura y sin temor», también en redes sociales. Los bulos no son supuestos internacionalmente admitidos para su limitación y han sido rechazados por tribunales e instituciones alrededor del mundo.
Como afirmó el TC, «las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que, de imponerse “la verdad” como condición para el reconocimiento del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio». El Tribunal de Estrasburgo ampara aquellas ideas u opiniones que «contrarían, chocan o inquietan al Estado o a una parte cualquiera de la población», una definición muy similar a la de «amenaza híbrida» en seguridad nacional. Lo que socava la democracia no es sino expresión de su vigorosidad.
España, como democracia tolerante, admite incluso aquellas ideas contrarias al actual orden constitucional como las republicanas, centralistas o secesionistas. La desinformación se viraliza en situaciones de descontento de la población, falta de transparencia, propaganda gubernativa, déficit democráticos, malgasto, crisis económica sin ejemplaridad pública, carencia de contrapesos o baja rendición de cuentas. Como el Covid-19, las noticias falsas hacen más daño a aquellas viejas democracias con patologías previas.
El Estado ha de asumir con resiliencia la desinformación procurando mejorar su calidad democrática y la respuesta más efectiva es mayor información, más debate, y más espíritu crítico. Es tarea de los ciudadanos, no del Estado. En palabras de la Corte Suprema de Estados Unidos «el remedio para el discurso que es falso es el discurso que es verdadero. Este es el curso ordinario en una sociedad democrática. La respuesta para lo irracional es lo racional, para lo desinformado es lo ilustrado, para la mentira flagrante, la simple verdad». =================================================
Alfonso Peralta Gutiérrez es juez