Una negociación entre sospechosos

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de procesar a Josep Maria Jové por malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia como instigador y organizador en la sombra de la consulta separatista ilegal del 1-O demuestra por qué es un error la « ... mesa de negociación» impulsada por Sánchez. Jové no fue solo el «notario» del golpe contra el Estado de Derecho en Cataluña, sino una pieza esencial en su diseño. Ahora, en cambio, Sánchez lo ha aceptado como negociador de una «salida al conflicto político», de modo que esa «mesa» cuenta casi con más condenados, imputados y procesados del separatismo que con políticos sin sombra de sospecha. Sánchez está tratando la cesión de una parte de la soberanía nacional con delincuentes como Joaquim Torra, condenado por desobediencia e inhabilitado como diputado catalán. Inexplicablemente, continúa como presidente de la Generalitat con el beneplácito y la legitimidad que le concede Sánchez. A su vez, y una vez procesado, Jové queda abocado al banquillo de los acusados para ser juzgado, asumiendo además una fianza de responsabilidad civil valorada por la Justicia en casi tres millones de euros. Ambos representan en esa «mesa» a un huido como Puigdemont, y al líder de ERC, Junqueras, condenado a trece años de cárcel por sedición y ya de permiso. Dar carta de naturaleza política y voz negociadora a dirigentes que han vulnerado la legalidad es una ofensa a cualquier demócrata. Es obvio que el Gobierno prefiere tratar con clientes habituales del Código Penal a sentarse con partidos constitucionalistas como el PP y Ciudadanos, porque su capacidad de gobernar durante toda la legislatura depende de ese chantaje.