Profesores de Baleares piden no conformarse con el 25% de castellano y exigir un «equilibrio e igualdad» con el catalán

Mayte Amorós

Palma

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19/04/2023
Actualizado a las 14:39h.

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El pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la Ley Celaá y la vehicularidad del castellano ha dado un balón de oxígeno a las entidades defensoras del bilingüismo en las aulas. La asociación de profesores 'PLIS. Educación, por favor' considera que esta sentencia es un espaldarazo a sus reivindicaciones, ya que «insiste nuevamente en que el castellano y catalán deben ser vehiculares en un patrón de igualdad», algo que no se está aplicando en Cataluña ni tampoco en Baleares, donde la mayoría de los centros educativos tiene un modelo de inmersión lingüística, avalada además por la ley educativa autonómica.

Este martes el TC declaró constitucional la ley Celaá y estableció que, aunque las autoridades educativas no tienen obligación de fijar una determinada proporción de la lengua castellana sí tienen la obligación de que las dos lenguas oficiales de las comunidades autónomas bilingües estén presentes conforme a un «patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas». «Por tanto, todo lo que no se acerque al 50-50 no es igualdad ni equilibrio», sostiene PLIS, que advierte de que «no hace falta ser un experto en derecho constitucional para entender que un patrón de igualdad o equilibrio no puede justificar nunca la exclusión del castellano como lengua vehicular en la enseñanza.

PLIS exige a las autoridades educativas y a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones que impongan la presencia de las dos lenguas oficiales de la comunidad en un patrón de igualdad, no conformándose con el mínimo del 25% en castellano y catalán asentado por la jurisprudencia.

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«La igualdad, igual que el equilibrio, es un principio en el que no cabe la situación actual de expulsión del castellano como vehicular en casi todos los centros públicos y en más de la mitad de los centros concertados», apunta.

La asociación de profesores, que ha llevado al Govern balear ante los tribunales por negar una enseñanza en español, dice que la nueva regulación es conforme con el artículo 3 de la Constitución, que garantiza el derecho a usar el castellano y la cooficialidad de las lenguas autonómicas, y también con la responsabilidad del Estado de velar por el respeto de los derechos lingüísticos de los alumnos.

PLIS recalca que la Constitución no deriva la necesaria fijación por el Estado de una proporción de uso del castellano en el sistema educativo sino, conforme a la doctrina anterior del Tribunal, «un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas» y un derecho efectivo a usarlas, que no niega la ley recurrida«.

La asociación recuerda, además, que la jurisprudencia avala que la cooficialidad ha de sujetarse a un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas, de forma que en ningún caso ha de otorgarse prevalencia o preponderancia a una lengua sobre otra.