La Generalitat celebra «con prudencia» el aval del Constitucional a la 'ley Celaá' en materia lingüística
El consejero de Educación augura que los próximos pronunciamientos judiciales irán en la misma línea, que no obligan a porcentajes pero sí a aplicar «un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas»
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La Generalitat de Cataluña ha celebrado «con prudencia» la decisión del Tribunal Constitucional, que este martes ha dado a conocer el fallo tras un recurso de Vox por el que avala la 'ley Celaá', entre otros puntos, el que hace referencia al apartado lingüístico sobre el uso del español y las lenguas autonómicas. El contenido de la sentencia se conocerá en los próximos días y será entonces cuando se analice al detalle los argumentos de la mayoría de los magistrados en su decisión, que cuenta con cuatro votos particulares.
El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, en declaraciones a los periodistas tras conocer el fallo del Constitucional, ha augurado que «todos los pronunciamientos que haga el Constitucional irán en esta misma línea», que apunta que no se deriva de la Constitución la necesidad de porcentajes lingüísticos en las aulas siempre que se respete el «equilibrio» del uso de las lenguas oficiales. Así, el sistema educativo debe aplicar «un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas».
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Para Gonzàlez-Cambray, la decisión del Constitucional es una victoria política porque es la «primera vez» que los magistrados del Alto Tribunal se pronuncian sobre el aprendizaje de las lenguas en las escuelas y los institutos en base a la 'ley Celaá' y no fijan un porcentaje, como el 25%, por ejemplo, para su uso. Sin embargo, el consejero no ha tenido en cuenta que el Constitucional apunta, a falta de conocer la sentencia, que debe haber «un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas» (según ya se recogía en las sentencias del Constitucional 109/2019 y 114/2019) y un derecho efectivo a usarlas.
El responsable de la Educación catalana ha recordado que, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 2020, ratificada por el Tribunal Supremo en 2021, que ordena a la Consejería a aplicar un sistema bilingüe en todas las aulas de la comunidad, el Parlamento y el Govern autonómicos modificaron la normativa para dejar sin efecto las decisiones judiciales, una iniciativa que el TSJC considera inconstitucional y está recurrida, tanto por los jueces del TSJC como por partidos políticos, ante el Alto Tribunal.
«Hoy, con prudencia, tenemos el primer pronunciamiento del Constitucional, que hasta ahora no había pasado, que nos dice que el aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes ni de proporciones, y entendemos que futuros pronunciamientos del Tribunal deberían ir en la misma línea», ha añadido Gonzàlez-Cambray, según recoge Ep.
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