Adiós a los enanos toreros: España pondrá fin a los espectáculos cómicos con personas con discapacidad

Así, lo que se hace es modificar el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para introducir una disposición adicional sobre la no discriminación de las personas con discapacidad en los espectáculos públicos y actividades recreativas. En concreto, se establece que las personas con discapacidad participarán en los espectáculos públicos y en las actividades recreativas -entre los que incluye los taurinos- «sin discriminaciones ni exclusiones que lesionen su derecho a ser incluidas plenamente en la comunidad».

El segundo punto de esta disposición adicional establece además la prohibición de los espectáculos o actividades «en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana».

Noticia Relacionada

El estigma del suicidio en la discapacidad: «Sufren el doble»

Elena Calvo

Dos supervivientes denuncian la ausencia de medios que impiden visibilizar y poner fin a esta lacra

Por último, señala que las administraciones públicas competentes deberán, en colaboración con las asociaciones del sector, promover políticas y acciones para que quienes se dedicaran laboralmente a esos espectáculos que ahora se prohíben puedan tener acceso a otros empleos.

La norma regula aspectos relacionados con la accesibilidad, los centros estatales sobre trastornos del espectro del autismo y los de documentación e investigación sobre discapacidad. Además, exige al Gobierno la actualización de la normativa del Real Patronato sobre Discapacidad.

El director general de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, ha celebrado la decisión. «Hoy hemos superado la España en blanco y negro, con la incorporación de una prohibición expresa de estas practicas en la Ley General de la Discapacidad, porque un gobierno decente no podía permanecer equidistante ante espectáculo como el 'bombero torero', donde se legitima que medir 1,30 metros es motivo de risa», ha dicho.

Pero este texto normativo se usa también para modificar la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. «La presente ley viene a consignar en un solo texto, refundiéndola, la regulación ya elaborada a través de los correspondientes anteproyectos de ley, para dar respuesta a la obligación de transposición en plazo de seis directivas de la Unión Europea al Derecho español, y a la necesidad de garantizar la coherencia de la Ley 12/2011, de 27 de mayo, con los Convenios revisados de París y de Bruselas, al tiempo que precisa algunas cuestiones identificadas durante el proceso de adaptación al nuevo régimen de responsabilidad civil que dicha ley establece», recoge su preámbulo.

Este ha sido el principal escollo que ha encontrado la norma a la hora de recibir votos a favor. En el debate llevado a cabo en la mañana de este miércoles en el Senado la mayoría de los grupos han reprochado al Gobierno el «popurrí» de temas que contempla, así como las prisas por su tramitación, que ha sido de urgencia.

«La tramitación de este proyecto de ley no tiene nombre, solo con el título es un auténtico popurrí de temas totalmente inconexos entre sí, cada uno trata de una cosa en particular», ha reprochado el senador del PP Javier Puente, que ha justificado así la abstención de su grupo pese a asegurar que comparten muchas cosas de la norma. El senador popular también ha denunciado que la norma llegó a la Cámara Alta el pasado 4 de abril, dos días antes del Jueves Santo, y solo se dio un plazo de cinco días para presentar enmiendas, es decir, los días de Semana Santa.

En la misma línea se han pronunciado los representantes de otros grupos, como el senador de Vox, José Manuel Marín, que ha criticado que el trámite de urgencia no haya permitido «un debate sosegado». «Con este proyecto de ley se han coronado, dan un paso más en su forma de legislar», ha espetado al Gobierno.

Las prisas, ha dicho la senadora del PNV María Rosal Peral, comprometen «la seguridad jurídica del texto que vamos a aprobar», así como las consecuencias que puedan llegar a producirse. «En este caso parece que se ha hecho todo lo posible para cometer errores».

«Nefasto y fatídico», ha descrito la representante de ERC, Vanessa Callau, sobre el procedimiento. Además, varios senadores han aludido a un informe del Consejo de Estado sobre esta ley en el que advertía de «urgencias injustificadas» que pueden afectar a la calidad de las leyes.