La secretaria de Marjaliza ocultó bajo los colchones documentos de la Púnica

La sección cuarta de la Sala de lo Penal ha adoptado esta decisión en un auto en el que rechaza el recurso de Ramírez contra su ingreso en prisión, decretado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco el pasado 30 de octubre, al entender que su función en la trama de corrupción era la de «mano derecha» de Marjaliza más que «simple secretaria personal».

El principal motivo para mantener su prisión, según el auto, es el peligro de destrucción de pruebas, teniendo en cuenta que cuando se procedió al registro de su domicilio se encontraron ocultos «detrás de cómodas, debajo de los colchones, dentro de una maleta y en bolsas situadas bajo las camas, documentos consistentes en correos referidos a las cuentas de Suiza y Singapur».

Asimismo aparecieron en esos lugares «organigramas de las empresas creadas y contratos privados que ponen de manifiesto la verdadera titularidad de las sociedades de la trama, así como un sobre» con diversas divisas y otro con 24.345 euros.

En su recurso, Ramírez alegaba ser la secretaria de Marjaliza desde hace 18 años y aseguraba haber actuado siempre en «la creencia de la legalidad» haciendo «pagos o efectuando llamadas telefónicas por orden de su jefe», lo que considera no implicaba su participación en la comisión de los delitos que se le imputan: blanqueo, pertenencia a organización criminal y malversación.

A este respecto, la Sala señala que a Ramírez se le atribuye «un papel determinante» en el entramado supuestamente erigido por Marjaliza, mediante la creación de sociedades que participaban, al principio, en operaciones inmobiliarias en el municipio madrileño de Valdemoro -al que aparece «muy vinculada»-, en la época en la que fueron alcaldes los principales imputados: el exdirigente del PP madrileño Francisco Granados, José Miguel Lorena y Carlos Bozas, de quien además es cuñada.

Con el transcurso del tiempo, Marjaliza, recuerda el tribunal, procedió a depurar su estrategia, y de ser adjudicatario directo de contratos públicos a través de sus empresas, pasó a serlo a través de personas jurídicas distintas y de las que adquiría participaciones que le permitían disfrutar de los beneficios de esa adjudicación.

Según los magistrados, Ángela Murillo (presidente y ponente), Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel, dentro de ese contexto es en el que Ramírez ocupa un papel determinante, que la lleva a ser considerada como «mano derecha» de Marjaliza.

En el marco de esa estrategia, prosigue el auto, Ramírez ocupó «cargos de representación y decisión» en ocho de las empresas «más relevantes de la trama» y figuraba como administradora única en la empresa Vancouver Gestión, Divana Integral o en Atención Social y Residencial Valedemoro, que gestiona el centro de mayores de esa localidad, y que entre 2008 y 2013 facturó al Ayuntamiento casi 12 millones de euros.

Es además quien «controla y ejecuta los cambios de titularidad de las sociedades creadas, siendo conocedora y cooperadora en la realización de facturas y presentación de falsas auditorías a favor de la empresa Construcciones y Reformas de la Peña».

«De esta forma Ana María Ramírez Fernández aparece como la mano derecha de David Marjaliza Villaseñor, y no como una simple secretaria personal», sostiene la Sala.

Además de la prisión de Ramírez, la sección cuarta ya confirmó en diciembre la decretada para Marjaliza, así como para su amigo y también presunto líder de la trama Francisco Granados y para Pedro García Pérez, directivo de Cofely, la empresa multinacional que obtuvo numerosos contratos en diversos municipios a través de esta red.