La portavoz del PPdeG, Paula Prado, confirmó este jueves a través de un comunicado que Vigilancia Aduanera, en el marco de la «operación Pokemon», ha requerido «documentación referida a la actividad profesional» de su marido, «que viene desempeñando desde hace casi veinte años». «Primero, en la empresa familiar; y después, como agente comercial de varias empresas textiles». Prado, que fue concejala en el Ayuntamiento de Santiago donde se centra parte de esta trama investigada por la juez Pilar de Lara, añadió que su pareja «fue proveedor de la Xunta durante el bipartito, pero nunca en mandatos del PP» y que «recibió encargos de instituciones públicas gobernadas por diferentes partidos», pero «al margen» de su condición de dirigente del Partido Popular. Prado se expresó en ese punto contundente al asegurar: «Por supuesto, nunca intercedí por su actividad profesional ni por ninguna de las empresas para las que trabajó. Por supuesto, nunca le realicé pedido alguno usando mis responsabilidades públicas y nunca voté a favor de que ninguna institución en la que yo estuviese presente la solicitase material de ningún tipo».

En ese mismo escrito, Prado aprovechó para recordar que compareció ante De Lara en calidad de testigo sin que después esa condición procesal cambiara. Y lamentó que de la misma forma que se conoció un informe que «arrojaba dudas» sobre ella, no haya trascendido —por estar todavía bajo secreto de sumario— su declaración en el juzgado, donde sostiene que aclaró «todas y cada una de las cuestiones que pudieron ser interpretadas de forma errónea».