El veredicto hecho público este jueves por el Tribunal Supremo avala la resolución que en su día emitió la Audiencia Nacional y que con anterioridad había avanzado la Europol, que en 2012 ya advirtió de los peligros de la banda independentista gallega. Tras el alto al fuego permanente de ETA, Resistencia Galega se convirtió en la primera amenaza terrorista en España, lo que obligó tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil a reforzar las plantillas de personal especializado dedicadas a luchar contra el independentismo más radical. En la Comunidad recalaron, en los últimos tiempos, muchos de los agentes que durante años se forjaron en el País Vasco y que ahora se ocupan de controlar y atenazar a los dos comandos —uno en la zona de Santiago y otro en Pontevedra— que conforman la banda. Los hilos, apuntan los expertos en terrorismo, los mueven desde la frontera lusa los dos cabecillas de la organización, la pareja formada por Antón García Matos y Asunción Losada, en busca y captura desde el nacimiento de la banda.

Desde el 2005 y hasta el pasado 7 de octubre (fecha del último atentado imputado a la organización), Resistencia Galega ha cometido más de un centenar de acciones de corte terrorista. Entre sus principales objetivos están las sedes bancarias, las de partidos políticos, las empresas de trabajo temporal o los medios de comunicación. Con una montaña de mociones de censura aprobadas en numerosos ayuntamientos gallegos en contra de las acciones de este grupo de corte independentista, los últimos pasos dados por RG provienen de Portugal, el lugar donde se cree que ocultan sus zulos. A principios de este verano, agentes de la Guardia Civil especializados en la lucha antiterrorista detectaron la entrada en el país de seis pistolas procedentes de un robo que había tenido lugar dos años atrás en Oporto. Se trata de armas muy valoradas por su precisión y fiabilidad cuyo cometido dentro de la banda es incierto para los investigadores.

Por el momento, los atentados cometidos por Resistencia no han provocado daños personales, aunque sí materiales. La cuantía en destrozos sobrepasa los 3 millones según un estudio realizado en la Universidad Complutense de Madrid.