Los siete ediles de Santiago defienden que no hubo ánimo de prevaricación

Fuentes conocedoras del recurso presentado ante la Audiencia Provincial han señalado a Europa Press que, al margen de un nuevo informe posterior que avala su tesis -del pasado 27 de febrero- se incorpora como precedente un acuerdo sobre la designación para la defensa del edil socialista Bernardino Rama en el marco del caso Montebalsa, en el que figura como abogado elegido Javier Álvarez-Santullano, padre de la concejala Marta Álvarez-Santullano.

En base a este acuerdo, autorizado por la junta de gobierno en el año 2009, aún con Xosé Sánchez Bugallo (PSOE) al frente del Pazo de Raxoi, la defensa de los siete ediles incide en que dicho letrado no forma parte del personal del Ayuntamiento y en que de su designación se derivarían ciertas obligaciones para el Consistorio.

También repasa la jurisprudencia sobre el derecho de los ediles a que se autorice el pago de su defensa en casos en los que se vean imputados por hechos directamente ligados a su condición y pide que se tengan en cuenta las declaraciones de testigos que avalan -según su versión- que la aprobación se ajustó al informe inicial del secretario municipal.

Todo ello, para concluir su alegato con la afirmación de que la aprobación del pago de la defensa de Varela solo responde a la intención de salvaguardar un derecho reconocido a los concejales -no ve dudas en que la imputación del edil de Deportes en la Pokémon está ligado a su condición de miembro del gobierno local-, por lo que considera inadmisible que se interprete que hubo prevaricación.

Por contra, con el informe sobre la designación del abogado de Bernardino Rama en el caso Montebalsa encima la mesa, los populares creen que lo que se podría haber considerado prevaricación es no haber accedido a la autorización previa del pago de la defensa del concejal de Deportes, quien finalmente renunció al mismo.

Tras la apertura de juicio oral, pendiente de fecha, y el escrito de acusación de la Fiscalía que pide nueve años de inhabilitación para los ediles, la primera de las siete alegaciones que componen su recurso, ratifica, según las fuentes consultadas por Europa Press, que el informe inicial del secretario, a su vez director de la Asesoría Jurídica, no era preceptivo, sino que se pidió de forma voluntaria.

De hecho, se incide en que la designación de abogado ligada a Rama no tiene un informe previo y que el hecho de haberlo pedido en este caso excluye cualquier voluntad de infringir la ley por parte de los miembros de la junta de gobierno, pues si hubieran querido adoptar un acuerdo ilegal no habría necesidad alguna de haberlo solicitado.

La defensa de los ediles incide en un argumento utilizado de forma reiterada por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, o el alcalde, Ángel Currás, así como otros dirigentes populares, relativo a que ese informe, en el que no obstante se condiciona la aprobación del pago de la defensa de un edil al cumplimiento de una serie requisitos, sirvió de aval jurídico para que se aprobase el acuerdo.

En cuanto al control económico, se apunta que recae en la Intervención y que sólo se efectúa en el momento en el que se emiten las facturas, pero Varela nunca llegó a presentar ninguna minuta porque renunció, tras la polémica suscitada al saltar a la luz pública el acuerdo adoptado por sus compañeros del grupo de gobierno.

Aunque suma jurisprudencia e informes posteriores a la adopción del acuerdo que avalan la legalidad incluso de anticipar el pago de gastos ligados a la asistencia letrada de concejales en otra de sus alegaciones, el recurso de los siete ediles reitera que, de todos modos, en este caso no hubo aportación alguna de las arcas de Raxoi.

Otro de los argumentos a los que los populares se aferran para no sentarse en el banquillo se centra en criticar que la jueza, según su versión, no tiene en cuenta diligencias efectuadas y declaraciones de testigos como la del secretario municipal que realizó el informe inicial o la del vicesecretario, y que les son, según inciden, favorables.

El recurso, según las fuentes consultadas, pone de relieve la importancia del testimonio del vicesecretario y alega que, pese a que la junta de gobierno es un órgano político, en la de Santiago, para velar por la total seguridad jurídica de los acuerdos que se adoptan, se invita siempre al vicesecretario y al interventor general.

Así las cosas, se hace hincapié en que el 13 de junio de 2013 se dio luz verde al acta relativa al 30 de mayo, fecha en la que se aprobó la autorización, y que ese día estuvieron presentes tanto el vicesecretario, como el interventor y un concejal que no estuvo presente el 30 de mayo. Ninguno de ellos, según el escrito, cuestionó la legalidad del acuerdo.

Al margen del informe previo y de los cuatro solicitados después para avalar que se actuó conforme a derecho -el último del 27 del mes pasado-, que la defensa ve demasiados y en la misma dirección como para ser considerados «ad hoc», se incide en que los concejales no fueron quienes redactaron el acuerdo.

De hecho, las fuentes consultadas por Europa Press aseguran que el recurso plasma que, en parte con la declaración del vicesecretario, quedó reflejado que se podría estar ante una cuestión de mayor o menor acierto gramatical, pero no ante la voluntad de los concejales de apartarse de los condicionamientos señalados en el informe del asesor.

«No hay intención, sino un problema de redacción», llegó a manifestar el vicesecretario, según las fuentes consultadas, que también apuntan como el auto de la jueza incide en que la imputación por falsedad, cohecho y prevaricación de Varela supone que los hechos fueron llevados a cabo con abuso y desvío de poder, interpretación de la que discrepan.

El argumento de la línea de defensa es que esa identificación, a su entender automática, de corrupción y abuso de poder supone un prejuicio sobre un asunto, recuerdan, desconocido, toda vez que la «Operación Pokémon» aún estaba entonces bajo secreto de sumario, si bien Adrián Varela ya había sido llamado a declarar por aquel entonces citado por un auto en el que se recogían los supuestos delitos por los que era requerido. Confrontaría así, a su entender, con el derecho a la presunción de inocencia.

Por último, como prueba añadida de que lo único que se hizo fue una autorización previa u otorgar un derecho que no suponía la autorización de ningún pago es que no tenía aprobada una partida presupuestaria concreta.