Probablemente una de las reformas o cambio de regulación más polémica que existe siempre es la jurídica y con ella la judicial. Cambiar una norma, un texto, un código, una ley en suma, más allá de la técnica jurídica con que se lleva a cabo, no siempre es una cuestión menor. Al contrario, la oportunidad y el por qué, no deben quedarse en un segundo plano. Se legisla como se legisla. Con la técnica que es y la preparación de antepropuestas y anteproyectos como se preparan. Mejor no hablar, ni por el qué ni por el quién. Así nos va, en un país donde la verborrea regulatoria y legislativa es tremenda, precipitada y cambiante. Pero este no es un mal sólo nuestro, es la pauta común.

Pero, ¿cómo percibe el ciudadano la aplicación de la Justicia?, ¿qué opinión tiene de la misma, qué percepción, qué impresión? ¿tiene la sensación de qué la justicia es un valor por encima de prácticos y aplicadores de la misma? Y lo decimos a propósito de la pretendida reforma de demarcación y planta judicial. Se pretende una reforma donde, en el caso de Galicia, se quedará, quedaría, reducida en las cuatro capitales, laminando y cerrando una vieja planta, no tan antigua, de 45 partidos judiciales. Las opiniones tanto del mundo judicial como de gobierno no se han hecho esperar y son coincidentes. Concentración que no especialización en un país, como el nuestro, donde la litigiosidad es elevadísima, pero donde el tiempo desde el primer impasse judicial hasta, si llega al Supremo, pese a que los motivos casacionales y umbrales cuantitativos lo han ido estrechando, es tediosamente largo. Como decía ABC el pasado domingo, la distancia entre algunos pueblos y la capital de provincia es de 143 kilómetros.

¿Hará más eficiente, más próxima, más real el acceso a la Justicia el concentrar la misma en cuatro o siete demarcaciones?, ¿qué falló del sistema actual para acometer tamaña reforma?, ¿qué se debería corregir antes que amputar? ¿es la solución? ¿evitará colapsos y retrasos cuando no todo se ha alcanzado en desarrollo de nuevas tecnologías en el mundo judicial? Y qué sucederá con decenas y decenas de juzgados, jueces, fiscales, secretarios, oficiales, abogados, procuradores, y cientos de puestos de trabajo que dependen de la existencia local de esos juzgados? Alguien ha calculado la avalancha?