El 29 de noviembre de 2013, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) con el apoyo de la mayoría absoluta que ostenta el Partido Popular. Ciertos sectores de la izquierda le habían declarado, ya desde meses antes de su aprobación, la guerra a esta nueva norma promovida por el ministro de Educación, José Ignacio Wert. Así, decidieron tumbar por la vía de los hechos lo que la democracia había aprobado. Tras el escaso éxito de las decenas de manifestaciones convocadas a lo largo y ancho del país, una agrupación de profesores, el Sindicato de Traballadores do Ensino de Galicia (STEG), ha decidido hacer una llamada a la insumisión.

En su «Guía para el funcionamiento democrático de un centro educativo y para enfrentarse a la aplicación de la Lomce», este sindicato ofrece 33 medidas para facilitar la insumisión a esta ley orgánica. La mayoría de ellas van dirigidas al Consejo Escolar, al que llaman a ejercer de oposición intramuros a la acción del director bajo el pretexto de que éste no se convierta en un «gerente». Tras cada una de estas medidas, explican sus consecuencias legales, que en todos los casos afirman que son «ninguna».

«No» a la competitividad

El su guía, el STEG identifica como enemigo principal los elementos de fomento de la competencia entre alumnos y entre centros, para incentivarque los primeros den lo mejor de su capacidad y los segundos ofrezcan una programación educativa más completa. Respecto a la «especialización curricular» (mediante lo cual la Lomce habilita a los centros para adecuar la formación a las capacidades del alumno), el STEG afirma que es una puerta abierta a la creación de «centros de élite y centros gueto».

Esta demanda, que engloban en su búsqueda de la «igualdad de oportunidades», choca con su exigencia número 14: «Exigir la gratuidad de los libros y el resto de materiales curriculares», sin hacer distinción alguna entre la gente con renta baja y aquellos con recursos económicos de sobra para pagar sus propios libros.

Este sindicato pide también a los Consejos Escolares que soliciten formalmente a los Ayuntamientos que no cedan suelo público para la construcción de colegios concertados o privados, pues consideran que «no es admisible que se destine el suelo público para promover negocios privados ni adoctrinamientos religiosos».

«La Lomce es una ley impregnada de ideología neoliberal que pretende crear mano de obra barata, sin ningún espíritu crítico o capacidad de pensar y opinar». Con esta contundencia comienza la STEG su cruzada contra las asignaturas de fomento del emprendimiento, que proponen sustituir por «educación en valores» y «educación afectivo-sexual ».

También cargan, como viene siendo habitual, contra la asignatura de Religión, y conminan a los padres a no escogerla, calificándola como «materia de adoctrinamiento religioso» y llamándolos a escoger en su lugar el área de Valores Sociales y Cívicos. Van incluso más allá al asegurar que «si la administración lo permite, los centros no deberían ofertar Religión», por lo que coartan la libertad de aquellos alumnos que sí deseasen formarse en este tipo de valores.

Boicotear los controles

Por último, la guía que edita el STEG carga contra las pruebas de evaluación y las vías educativas que permiten, en 4º de ESO, ofrecer asignaturas diferenciadas a aquellos alumnos encaminados a la FP y a los que opten por iniciar el Bachillerato.

Llaman abiertamente al boicot contra las pruebas de evaluación periódicas que establece la Lomce para medir el nivel real de los alumnos, pues consideran que invita a la «segregación » de los jóvenes y los somete a «tensión y estrés». Así, invitan a los padres a no llevar a sus hijos al colegio ese día.