Trump dicta su mayor veto migratorio y golpea a cubanos y venezolanos

El cierre total afecta a ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, quienes no podrán ingresar bajo ninguna categoría de visado. Para otros siete países —Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela—, la entrada queda restringida en función del tipo de visado y antecedentes del solicitante.

Trump ya ganó en su primer mandato un caso judicial en el Supremo que avala que está en su derecho de dictar estas restricciones. La Corte permitió entonces que amplias partes de un primer veto a países musulmanes entraran en vigor. Aunque aquel mismo veto se modificó con el tiempo, el caso sentó un precedente sobre el alcance del poder presidencial en materia migratoria.

En el caso de Cuba y Venezuela, las restricciones no implican un cierre total, pero sí suponen un veto amplio a la entrada de nuevos solicitantes de visado. A partir del 9 de junio, no podrán ingresar en Estados Unidos los ciudadanos de ambos países que soliciten visados para residencia permanente ni tampoco quienes pidan visados de no inmigrante en las categorías B-1 (negocios), B-2 (turismo), F (estudios académicos), M (formación técnica) o J (programas de intercambio).

Además, los consulados deberán reducir la validez de cualquier otro visado de no inmigrante emitido a ciudadanos cubanos o venezolanos, siempre que la ley lo permita, según el decreto, firmado por el presidente a puerta cerrada y anunciado solo con un comunicado.

Sí podrán entrar quienes ya cuenten con un visado válido emitido antes del 9 de junio, así como los residentes permanentes legales (la célebre «green card»), las personas con doble nacionalidad que viajen con pasaporte de un país no afectado, los titulares de visas diplomáticas o de organismos internacionales (como las A o G), los familiares inmediatos con visados IR (cónyuges, hijos o padres de ciudadanos estadounidenses) y los menores en procesos de adopción internacional.

También quedan exentos quienes soliciten debidamente asilo o protección internacional, así como los casos excepcionales autorizados directamente por el fiscal general o el secretario de Estado. El asilo, eso sí, se ha restringido enormemente en los últimos meses.

Según la Casa Blanca, fue el propio presidente quien tomó en persona la decisión final de firmar este decreto tras el ataque antisemita del domingo en Boulder, Colorado, en que una multitud fue agredida con un lanzallamas. El detenido es un inmigrante sin papeles de Egipto.

La Casa Blanca justifica la decisión alegando que estos países presentan deficiencias graves en cooperación con EE.UU., ya sea por no aceptar ciudadanos deportados, por no compartir información para verificar antecedentes o por altos índices de permanencia irregular de sus nacionales. «Estados Unidos tiene derecho a determinar quién entra en su territorio», dice la proclamación firmada por Trump.

La inclusión de Cuba y Venezuela tiene implicaciones políticas importantes, y puede afectar al exilio. Ambos países ya estaban bajo sanciones y restricciones migratorias previas, pero ahora pasan a una categoría superior. La nueva normativa endurece los controles incluso para quienes llegaban con visados humanitarios o de reunificación familiar.

La administración Trump ya había adoptado políticas similares durante su primer mandato. En 2018, la Corte Suprema avaló su derecho a prohibir la entrada de ciudadanos de ciertos países por motivos de seguridad nacional.

El 27 de enero de 2017, el presidente Trump había firmado un decreto que prohibía la entrada de refugiados sirios y suspendía temporalmente el ingreso de ciudadanos solo de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. La medida fue ampliamente criticada por la oposición como una forma de cumplir su promesa de campaña de prohibir la inmigración musulmana, y generó caos inmediato en aeropuertos de todo el país, donde pasajeros fueron detenidos sin previo aviso.

Ante el efecto de esos vetos, varios jueces federales emitieron rápidamente bloqueos a la orden, y el 9 de febrero de 2017 se dictó una orden judicial a nivel nacional que impedía su aplicación. En respuesta, la Casa Blanca presentó una versión más limitada del veto migratorio, restringida a personas sin familiares cercanos en EE.UU. ni estatus de refugiado aprobado, en realidad una marcha atrás en toda regla.

Una portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, asegura ahora que «el presidente Trump está cumpliendo su promesa de proteger a los estadounidenses de actores extranjeros peligrosos que quieren venir a nuestro país a hacernos daño». Añade que «estas restricciones de sentido común son específicas por país e incluyen lugares que carecen de sistemas adecuados de verificación, presentan altas tasas de vulneración de límites de visados o no comparten información de identidad y amenazas».

Según Jackson, «el presidente Trump siempre actuará en interés del pueblo estadounidense y de su seguridad».