Los guardaespaldas del presidente de Corea del Sur impiden su detención por la ley marcial

Por segundo día, los agentes de la Oficina contra la Corrupción de Altos Cargos fueron incapaces de arrestar al presidente Yoon este viernes. Al igual que ocurrió el jueves, el Servicio de Seguridad Presidencial les impidió el acceso al recinto, esta vez tras cinco horas y media de tensión en las que hubo fuertes discusiones y hasta enfrentamientos con la policía.

Hemos determinado que cumplir la orden de arresto era imposible debido a las confrontaciones continuadas, por lo que hemos suspendido su ejecución por temor a la seguridad del personal desplazado al lugar debido a la resistencia encontrada», explicó la Oficina Anticorrupción en un comunicado, según recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap. «Decidiremos sobre los siguientes pasos después de revisar la situación», anunció este organismo estatal. Además, criticó al presidente Yoon al lamentar seriamente «el comportamiento del sospechoso, que se ha negado a cumplir con los procedimientos legales».

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Para practicar la detención, la Oficina Anticorrupción había enviado 20 investigadores y 80 agentes de policía, pero se encontraron con unos 200 guardaespaldas y militares del servicio de seguridad bloqueando la entrada con más de diez autobuses y coches. «Estaban formando varios niveles de barricadas, haciendo imposible atravesarlas», detalló uno de los funcionarios de la Oficina Anticorrupción, quien reveló que «hubo altercados grandes y pequeños a cada paso».

A esta resistencia por parte de los guardaespaldas del presidente Yoon se suma que sus partidarios también se habían concentrado a las puertas del complejo presidencial. Rodeados por unos 2.700 agentes de policía, empezaron siendo más de un millar de manifestantes pero, a medida que avanzaba el día, su número creció hasta los 11.000. Cuando, finalmente, los investigadores se marcharon del lugar incapaces de detener al presidente Yoon, sus seguidores estallaron de alegría agitando banderas surcoreanas y gritando «¡Hemos ganado! ¡Orden de arresto totalmente inválida! ¡Detengan a la Oficina Anticorrupción!».

Ese es el argumento que esgrimen los abogados de Yoon para resistirse al arresto: que la Oficina Anticorrupción no tiene jurisdicción legal para investigarlo por traición por declarar la ley marcial. Lo más cerca que sus agentes pudieron llegar fue a 200 metros de la residencia del presidente Yoon, donde tres de ellos hablaron con dos de sus abogados, Yun Gap-geun y Kim Hong-il. Una vez más, insistieron que la orden de arresto emitida por un tribunal de Seúl era «ilegal e inválida», por lo que han presentado un recurso de amparo al Constitucional solicitando su suspensión.

Aunque la policía había advertido de que detendría por obstrucción a la justicia a quien impidiera el cumplimiento de dicha orden, finalmente nadie fue arrestado. Pero, eso sí, los agentes tomaron los datos del jefe de seguridad del presidente, Park Chong-jun, y su segundo, y los citaron a declarar este sábado. Ambos se negaron a dejar pasar a los investigadores alegando «restricciones de seguridad» en el complejo presidencial.

Esta resistencia supone un duro golpe para la Oficina Anticorrupción, que quería apresar a Yoon Suk-yeol antes del fin de semana, cuando se espera que más de sus seguidores se concentren ante su residencia para blindarla con un muro humano. Los investigadores tienen de plazo hasta el lunes para cumplir la orden de arresto, pero todo apunta a que puede estallar la violencia si intentan entrar por la fuerza en el complejo presidencial.

Esta grave crisis institucional amenaza con polarizar a la sociedad surcoreana, que se había unido en su rechazo a la ley marcial pero donde todavía hay amplios sectores que apoyan al presidente Yoon. Para contrarrestar este respaldo y hacer gala de su rechazo, la Confederación de Sindicatos de Corea también ha convocado una manifestación nocturna cerca de la residencia presidencial.

Desde la oposición arrecian las críticas a Yoon Suk-yeol, a quien acusan de dividir al país y ponerlo al borde de una crisis sin precedentes. «La insurrección todavía no ha terminado y sigue en marcha», denunció el diputado opositor Jung Chung-rae, según recoge Yonhap. «Todo el mundo está viendo en directo por televisión cómo el líder insurrecto Yoon Suk-yeol obstruye la justicia y no cumple una orden emitida por un juzgado», añadió a las puertas del Tribunal Constitucional, que empezará el 14 de enero su vista oral para revisar la destitución del presidente.

Tras ser depuesto por el Parlamento el 14 de diciembre, cuando doce diputados de su propio partido apoyaron la moción de censura presentada por la oposición, el Tribunal Constitucional tiene que confirmar o rechazar dicho cese en un plazo de 180 días. El presidente Yoon debe asistir a las primeras sesiones, pero el proceso puede seguir adelante incluso si no se presenta.

Por su parte, su defensa rechaza los cargos de «insurrección» y pide «pruebas exhaustivas». Su argumento es que la declaración de la ley marcial del presidente Yoon no fue una traición, sino un «acto de gobierno» para acabar con el bloqueo del Parlamento debido a la mayoría que tiene la oposición, que paraliza sus políticas, ha logrado destituir a varios altos cargos y quiere investigarlo a él y a su esposa por corrupción. Acusando a los partidos opositores de estar al servicio del vecino régimen comunista de Corea del Norte, pero sin pruebas, Yoon Suk-yeol trató de imponer la ley marcial hace ahora un mes, pero fue abortada rápidamente gracias a la movilización del Parlamento y de la sociedad. Incluso diputados de su propia fuerza política, el Partido del Poder Popular, se opusieron a la medida y pidieron entonces su renuncia por tratar de abolir las libertades democráticas y resucitar los oscuros tiempos de la dictadura. Pero el presidente se ha enrocado y amenaza ahora con abrir una peligrosa división en Corea del Sur.