Crisis en Israel: la reforma judicial de Netanyahu que erosiona la democracia

Mientras tanto, los manifestantes siguen exigiendo que se eliminen todos los reajustes planificados y demandan la renuncia de Netanyahu. Los rivales políticos de este han mostrado su apoyo a dichas solicitudes, incluyendo a varios ex funcionarios de alto nivel, empresarios y figuras jurídicas destacadas. El ex primer ministro Ehud Olmert (2006-2009) ha advertido este martes que, si se continúa con la reforma, el país se dirigirá a una guerra civil.

Israel no tiene una constitución formal y tampoco cámara legislativa superior. La interacción de los poderes públicos están regidos por leyes individuales, y el Tribunal Supremo ha servido para controlar al poder legislativo. Pero Netanyahu pretende hacer unos ajustes de peso, erosionando las reglas de la democracia.

Tradicionalmente, el Supremo ha tenido un posición fuerte, pero, con la reforma, su poder se ve restringido. La nueva reforma elimina la llamada 'cláusula de razonabilidad', con la que el Supremo podía declarar «inadecuadas» las decisiones del parlamento y dejarlas sin efecto. Ahora los legisladores podrán anular un fallo «irrazonable» y aprobar leyes con la mayoría simple.

Los siguientes ajustes judiciales tienen el objetivo de facilitar al gobierno el nombramiento de jueces y también reducir la influencia de los asesores legales, haciéndolos responsables ante funcionarios electos en lugar de ante el apolítico Ministerio de Justicia.

La polémica ley profundizó una crisis que sacudió a los israelíes, se filtró en el ejército y golpeó la economía. Miles de reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel han amenazado con abandonar el servicio voluntario y los médicos también se han decantado por la huelga.

El martes por la noche, dos de las principales emisoras de noticias de Israel publicaron encuestas que muestran que, si se celebraran elecciones ahora, el número de escaños ocupados por la coalición gobernante de Netanyahu en la Knesset —de 120 escaños— caería de 61 a 52.

Sin mucho poder de convencimiento, Netanyahu dijo durante la votación en el parlamento que quería negociar con la oposición sobre el proyecto y «entablar un diálogo». Por su parte, la oposición, para boicotear el proceso, abandonó el hemiciclo. La ley fue aprobada con apenas 64 votos.

Los opositores acusan a Netanyahu, que está siendo juzgado por corrupción, de querer usar esta reforma para anular posibles juicios en su contra, aunque el primer ministro lo niega.

El Colegio de Abogados de Israel presentó el martes una petición al Tribunal Superior de Justicia contra el proyecto de ley aprobado, uniéndose al aluvión de peticiones de ONG y grupos de interés público. El propósito de la ley, según el Colegio de Abogados, es «inmunizar» a los jefes del Poder Ejecutivo para poder actuar fuera de los límites de la razón y crear un «cheque en blanco» para la corrupción.

El gobierno alemán dijo estar siguiendo con «gran preocupación» las tensiones que sacuden la sociedad israelí, mientras que la Unión Europea ha pedido al Gobierno un acuerdo de compromiso que sea aceptable para toda la ciudadanía y partidos israelíes.

Estados Unidos, que ha calificado la votación como «desafortunada», ha criticado que la primera cláusula votada en el Parlamento haya sido aprobada por la mínima y ha remarcado que los «cambios importantes de una democracia» deben «tener el mayor consenso posible». En este sentido, ha apoyado al presidente israelí, Isaac Herzog, en «su intento por construir un consenso más amplio a través del diálogo político».

Las protestas han atraído el apoyo de todos los estratos políticos y sociales, tanto de izquierda como de derecha, grupos seculares y religiosos, activistas por la paz y reservistas militares, así como trabajadores manuales y del sector tecnológico crucial para la economía del país.