Polémica en México por una ley 'espía' que permitirá geolocalizar a los ciudadanos

Los partidos de oposición, en tanto, sostienen que la rubrica judicial ya ha perdido sentido después de la elección de jueces que Sheinbaum concretó el mes pasado y que permitió que varios juzgadores afines al Gobierno lograran posiciones en los tribunales.

Para el oficialismo ha costado defender su posición: en el 2014, durante el último gobierno del PRI, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) rechazaba una reforma que iba en la misma dirección: conocer la ubicación de los particulares a través de los teléfonos celulares. Ahora desde el Gobierno, defienden la medida.

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Los senadores del opositor Partido Acción Nacional (PAN) sostuvieron en las últimas horas que con esta nueva ley el Gobierno podrá requerirle todo tipo de datos a los operadores del sector de las telecomunicaciones: desde la ubicación de los particulares hasta sus compras en plataformas como Amazon, el contenido de sus viedollamadas y los mensajes en plataformas como Whatss App y Facebook.

«Es falso, de toda falsedad, que haya en esas leyes alguna capacidad que le den al Estado mexicano fuera de la Constitución para vigilar a las personas. Falso de toda falsedad», manifestó Sheinbaum en conferencia mañanera.

La presidente negó que su Administración busque imponer un «Estado espía» y aseguró que las intervenciones de la privacidad sólo serán autorizadas por órdenes judiciales.

«Es un tema político de criticar al Gobierno, no importa qué ley hubiéramos puesto, no importa el contenido de la ley. Hay algunos personajes que todo va a ser en contra nuestra», agregó.

Por su parte, la ONG Artículo 19, dedicada a cuestiones de calidad institucional, considera que las nuevas facultades otorgadas al Centro Nacional de Inteligencia, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional para acceder a información de usuarios de telefonía prefiguran un sistema de vigilancia con pocos o nulos controles efectivos.

«La Ley de Inteligencia establece que el Centro Nacional de Inteligencia podría acceder sin restricciones a las bases de datos, y la Ley de la Guardia Nacional determina que los militares también tendrán acceso a los datos personales de la población sin controles, se perfila la configuración de un sistema de vigilancia masiva intrusiva, desproporcionada e incompatible con la protección a los derechos humanos», expresó la entidad.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dijo que la reforma representa la posibilidad de que, sin previa autorización de un juez, un «burócrata convertido en espía», conozca desde el iris del ojo de un ciudadano hasta dónde se encuentra en cada momento de su vida.

«Pronto veremos al Estado espiar y a los delincuentes, con la información del Estado, extorsionar a la gente. Con esto no se logra la seguridad, la seguridad se logra atrapando a los narcotraficantes», expresó el legislador opositor.