Elección de jueces en México: entre la injerencia del narco y la abstención

Proceso inédito en México, esta cita electoral funcionará como un laboratorio no exento de dificultades. Por la cantidad de cargos a elegir, una persona que analice la papeleta, sin haberla estudiado previamente, podría tardar 30 minutos en votar. Para aliviar esto, está lo que se conoce como el 'acordeón': un explicativo que le diga a quién votar y que será utilizado por diversas fuerzas políticas para impulsar a sus candidatos. En estos casos, el votante será trasladado desde su hogar hasta el centro de votación -el llamado 'acarreo'-, se le entregará su 'acordeón' y alguna prebenda por haber participado. En estas situaciones, el tiempo de votación se estima en cinco minutos.

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La elección se llevará a cabo también a la sombra de la violencia criminal. Además del voto judicial, en dos estados -Veracruz y Durango- se elegirán alcaldes. En ambos distritos se han registrado tiroteos, asesinatos de candidatos y quema de centros de votación.

Uno de los grandes enigmas de la jornada electoral es cómo será el comportamiento del crimen organizado, especialmente si intentará influir en el voto. En el gobierno de López Obrador, la oposición señalaba que los capos jugaban a favor del oficialismo pero ahora, tras la llegada de Sheinbaum al Palacio Nacional, el panorama ha cambiado porque la presidenta ha emprendido una guerra contra los cárteles y ha deportado a EE.UU. a jefes del narco que podrían ser condenados allí a la pena capital.

Para la Corte Suprema se han registrado 33 candidatas mujeres y 31 candidatos hombres. De estos, los nueve más votados serán ministros del máximo tribunal del país. Diversas encuestas sitúan a la actual ministra Yasmín Esquivel como la gran candidata a presidir la Corte. Fue designada en el cargo por López Obrador y es la candidata que más certidumbre arroja en el empresariado y en el sistema político. En su contra está un escándalo por supuestamente plagiar su tesis doctoral.

Su gran rival es Lenia Batres, con un estilo radical y más cercana a la izquierda ultra, así como a los gobiernos de Cuba y Venezuela. Su triunfo sería un inconveniente para las relaciones con Estados Unidos.

El Gobierno de Sheinbaum no se ha involucrado a fondo en estos comicios. La mandataria está decidida a preservar la relación bilateral con EE.UU., sacudida por diversas tensiones, y entiende que la elección de jueces es mal vista tanto en Washington como entre los inversores en Wall Street.

El aspecto más peligroso de estas elecciones, y que ya se había anticipado en la discusión de la reforma en el Congreso el año pasado, es que el crimen organizado impulse candidatos en el fuero penal, donde se definen excarcelaciones, procesos de libertad condicional y, la cuestión más determinante, las extradiciones a EE.UU. Sheinbaum ya ha deportado a 28 capos del narco para que sean procesados en el país vecino.

El Congreso, controlado por el oficialismo, ha impugnado a lo largo del país a más de 25 candidatos sospechosos de vínculos inconfesables. Lo que no garantiza que los señalados, si consiguen los votos, no asuman como jueces.

La lista de candidatos con historial bajo sospecha es larga e incluye nombres señalados por supuesta malversación, abuso sexual, intento de secuestro, posesión ilegal de armas de fuego, amenazas o la supuesta participación en la desaparición de un periodista. Los casos más sensibles son los de aquellos que tendrían algún tipo de vinculación con el crimen organizado. Prácticamente todos los cárteles tendrían algún candidato.

México tiene dos grandes reguladores electorales: el Instituto Nacional Electoral y la Sala Superior de la Justicia electoral. Ambos han permitido la inclusión de estos candidatos, por entender que varias de las investigaciones se encuentran en curso. Un escenario que podría suceder es que estos organismos les impidan ser jueces y magistrados una vez que sean elegidos. Algo que sería bien visto por Sheinbaum, pues evitaría un escándalo que podría tener alcance internacional.