La ley de 1798 que Trump invoca contra la «invasión» de indocumentados

No debería sorprender que Trump haya utilizado esa ley dieciochesca. Lo dijo en más de treinta mítines en campaña. Y también el pasado 20 de enero, cuando juró su cargo en el Capitolio. «Con la invocación de la Ley de Enemigos Extranjero de 1798, ordenaré a nuestro Gobierno el uso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las bancas y redes criminales extranjeras que han traído delincuencia devastadora al territorio de EE.UU.», dijo. «Como comandante en jefe, no tengo responsabilidad más alta que la de defender a nuestro país de amenazas e invasiones».

Pero el uso que está haciendo Trump de esta ley está lejos del que idearon los legisladores estadounidenses a finales del siglo XVIII. Por aquel entonces, la joven democracia americana se preparaba para una guerra contra una de las potencias de la época, Francia. Y temía que muchos de los inmigrantes que llegaban al país se pusieran de lado de los franceses. Para ello, idearon una ley para expulsarlos.

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David Alandete | Corresponsal en Washington

Hasta esta invocación de Trump, la ley se ha utilizado en tres ocasiones: la Guerra de 1812 contra los británicos, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En este último caso, fue dentro de un clima muy contrario a los extranjeros de las potencias del Eje y posibilitó el envío masivo a campos de detención a alemanes, italianos y, sobre todo, japoneses. Cerca de 120.000 personas de origen japonés, incluidos algunos con nacionalidad estadounidense, fueron detenidos, una cicatriz que todavía permanece en la comunidad nipona.

Para poder invocar la ley en un momento de paz, Trump justifica ahora que hay una invasión de inmigrantes peligrosos y que está «dirigida» por otro país, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Esa decisión ha traído críticas abundantes. «Invocarla en tiempos de paz para saltarse la ley de inmigración sería un abuso enorme», ha opinado el Brennan Center de la Universidad de Nueva York. «No tiene precedentes», dice el Servicio de Investigación del Congreso.