Una jueza dicta que el castigo de Trump a Harvard con la eliminación de 2.200 millones en subvenciones es ilegal

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La pugna contra las universidades viene de las protestas propalestinas y antiisraelíes que tomaron muchos campus de EE.UU. el año pasado, en ocasiones con episodios de disturbios y con ataques de odio antisemita.

Trump considera a las universidades un nido de ideología izquierdista radical y de antisemitismo y es consciente de que su ataque contra ellas es popular en buena parte de sus bases.

Poco después de llegar a la Casa Blanca, exigió a las universidades que emprendieran reformas para cambiar la benevolencia que, en su opinión, habían mantenido frente a esas acusaciones de antisemitismo. Algunas, como la Universidad de Columbia, el centro emblemático de esas protestas, no plantaron batalla y negociaron acuerdos compensatorios con la Administración Trump. En el caso de la universidad neoyorquina, se avino al pago de 220 millones de dólares.

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Harvard, la universidad más rica del país, con un colchón financiero multimillonario, decidió plantar cara. Sobre todo, porque Trump también exigía reformas que incluían decisiones académicas sobre personal, curriculum y organización de los departamentos.

Como represalia, Trump impuso el corte de subvenciones, además de otras embestidas, desde el intento de evitar que pueda aceptar estudiantes internacionales -una de las principales fuentes de ingresos de la universidad- a la amenaza a su estatus fiscal como entidad sin ánimo de lucro.

La jueza Allison Burroughs ha decidido este miércoles que esa decisión es ilegal. En su sentencia, admite que «Harvard lo hizo mal al tolerar comportamientos de odio durante tanto tiempo», pero que la Administración Trump «utilizó el antisemitismo como cortina de humo para un asalto motivado ideológicamente contra las principales universidades del país».

Según la jueza, el corte de subvenciones viola la Primera Enmienda de la Constitución -la que protege la libertad de expresión, en la que se incluye la libertad académica-, la Ley de Procedimiento Administrativo y, además, «pone en riesgo décadas de investigación».

La Casa Blanca anunció a través de un portavoz que, como era esperado, recurrirá la decisión de Burroughs, a la que calificó de «juez activista» y subrayó que Harvard «no tiene un derecho constitucional a los dólares de los contribuyentes y que sigue siendo inelegible para subvenciones en el futuro».

El rector de Harvard, Alan Garber, celebró la decisión judicial, que «valida nuestras posiciones en defensa de la libertad académica de la universidad, de investigación científica crítica y de los principios fundamentales de la educación superior en EE.UU.». Pero Garber también admitió que Harvard «es consciente del escenario cambiante en el que debemos cumplir nuestra misión», una referencia velada a las negociaciones de la universidad con la Administración Trump para tratar de poner fin a esta guerra.