Harvard va a la guerra contra Trump: «No entregaremos nuestra independencia»

El rector de Harvard, Alan Garber, anunció en un comunicado este lunes que la universidad no aceptará las exigencias emitidas por la Administración Trump sobre aspectos centrales de la vida académica, desde la admisión de estudiantes hasta la supervisión de los estudios.

Como respuesta, la Administración Trump anunció la congelación de 2.200 millones en subvenciones a la universidad. Lo hizo a través de un comunicado de la Administración de Servicios Generales y del Departamento de Educación, que incluía esa medida, además de la cancelación de 60 millones de dólares en contratos federales.

«El comunicado de hoy de Harvard refuerza la preocupante mentalidad de privilegio que es endémica en las universidades más prestigiosas de nuestro país, es decir, que las inversiones federales no vienen con la responsabilidad de respetar las leyes de derechos civiles», respondieron las agencias federales en un comunicado.

El Gobierno ya adelantó el mes pasado su intención de «revisar» los fondos federales que recibe Harvard: 256 millones de dólares en contratos con el Gobierno y cerca de 8.700 millones en compromisos de financiación a actividades de investigación, sobre todo en centros médicos y científicos asociados a la universidad.

«La universidad no va a entregar su independencia ni va a renunciar a sus derechos constitucionales», advirtió Garber.

Como con el resto de universidades de elite, la Administración Trump busca castigar a Harvard por lo que considera una reacción tibia a los capítulos de antisemitismo registrados en los campus universitarios durante las protestas pro-palestinas y anti-israelíes desde el otoño de 2023, con el comienzo de la guerra de Gaza.

Tras expresar sus amenazas de cortar el grifo de fondos federales si no había cambios en la universidad, el Departamento de Educación de Trump concretó su listado de exigencias en una carta del pasado viernes. En ella, exige cambios drásticos que deberán ejecutarse antes de agosto de este año: reformar el sistema de admisión de estudiantes y contratación de profesorado para que sea basado exclusivamente «en el mérito» y no priorizar cuestiones de raza, religión, género u origen; cambiar los sistemas de gobernanza para que los estudiantes y los profesores tengan menos peso en las decisiones; supervisión de las admisiones de estudiantes extranjeros para que entre ellos no haya «hostilidad hacia los valores e instituciones de EE.UU.»; instalar supervisores de los Departamentos para asegurar que hay «diversidad de puntos de vista»; realizar una auditoría a todos los estudios que tenga cualquier atisbo de antisemitismo; eliminar todas las políticas DEI (diversidad, equidad, inclusión) y acentuar los procesos disciplinarios dentro del campus.

«Ningún gobierno, con independencia de qué partido esté en el poder, debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir o qué áreas de estudio o de investigación deben seguir», defendió Garber.

En una carta de respuesta de los abogados de Harvard al Departamento de Educación, la universidad concluye que «no está preparada para aceptar unas exigencias que van más la de la autoridad legal de esta o cualquier otra administración».

La posición de Harvard abre una guerra por varios frentes -legal, financiera, comunicativa- contra Trump. Es algo que otros centros de élite han preferido no hacer. La Universidad de Columbia, por ejemplo, optó por aceptar las demandas de Trump y abrir un proceso de cooperación para evitar quedarse sin los 400 millones de dólares en fondos federales que recibe cada año. Columbia fue el gran foco de las protestas estudiantiles este año y esta decisión ha provocado una fuerte oposición por parte de estudiantes y profesorado contra sus líderes.

Harvard cuenta la ventaja de su gran músculo financiero. Tiene un 'endowment' -un fondo acumulado durante décadas e invertido en mercados financieros que contribuye a pagar los gastos operativos- de más de 50.000 millones de dólares.