El expresidente Correa perjudicó un operativo contra el crimen organizado al anunciarlo por las redes sociales

La noche del viernes 15, el juez Felipe Córdova dictó orden de prisión para el presidente de la Judicatura y otros 15 sospechosos de una presunta participación en el delito de delincuencia organizada dentro del caso 'Metástasis'. A Wilman Terán se lo investiga por la supuesta venta de sentencias cuando era juez de la Corte Nacional de Justicia en favor del narcotraficante Leandro Norero, asesinado en la cárcel, en octubre de 2022.

En la audiencia de formulación de cargos se mencionó que en los teléfonos que fueron incautados por la Policía tras el asesinato del narcotraficante Norero existen más de 14.000 chats que muestran los nexos que tenía con jueces y fiscales; las gestiones de sus abogados para buscar habeas corpus o la liberación de sus familiares; los montos de los sobornos que llegaban hasta el medio millón de dólares, así como la participación de Norero en el tráfico de drogas y de armas y hasta la planificación de atentados en contra de sus rivales.

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También resultó escandalosa la revelación de la fiscal Salazar de que el operativo en el que intervinieron 900 funcionarios y se hicieron 75 allanamientos en siete de las 24 provincias del país, implicaba 38 detenciones, pero que siete se dieron a la fuga alertados por el expresidente Rafael Correa, quien en un post en la red X (antes Twitter), hacia el mediodía del miércoles 13, dijo que «un contacto fidedigno nos comenta que se realizará en la madrugada un allanamiento nacional grande». Este hecho ha llevado a que en Ecuador se debata si Bélgica, país donde reside el expresidente sentenciado, y que le dio el estatus de refugiado, debería tomar alguna acción por obstrucción a la Justicia en la lucha en contra del crimen organizado.

El Grupo de Puebla, que reúne a figuras del socialismo del Siglo XXI, y en el que activa Correa, ha descalificado el operativo 'Metástasis', y ha hablado de que «una fiscal comenzó persecución anormal hacia jueces y su ente superior de evaluación y disciplina, asestando golpe político a la función judicial».

La fiscal Diana Salazar es para el correísmo la enemiga a vencer porque fue ella quien pidió a los jueces que sentencien a Rafael Correa por el caso Sobornos, una trama de corrupción en la que pedían dinero a empresarios a cambio de entregarles obras del Estado, durante su gobierno. El otro objetivo de ese sector político es lograr el control de la Justicia en busca de deshacer los juicios del presidente sentenciado, y propiciar su regreso al país. Justamente, el Consejo de la Judicatura de Wilmar Terán está llevando adelante un concurso para renovar la Corte Nacional de Justicia, proceso que es apoyado por la Revolución Ciudadana; pero con el presidente de la Judicatura preso, los colegios de abogados y otros sectores piden la anulación del concurso, pero Correa quiere siga adelante.

En paralelo, en la Asamblea Nacional (Congreso) hay un juicio político auspiciado por el correísmo en contra de la fiscal para destituirla. Lo extraño es que tanto el movimiento ADN en el poder y el Partido Social Cristiano que han reiterado su apoyo a la fiscal, como tienen un pacto con el correísmo, la semana anterior, respaldaron iniciar los trámites del juicio político en contra de Diana Salazar.