Estados Unidos declara la guerra a los cárteles en el Caribe

El memorando, firmado por la Casa Blanca y notificado al Capitolio por el Pentágono, sostiene que los cárteles han pasado de ser organizaciones criminales a convertirse en grupos armados transnacionales con capacidad paramilitar, responsables de «ataques armados» contra Estados Unidos. «El país ha alcanzado un punto crítico en el que debemos usar la fuerza en defensa propia y en defensa de otros», afirma el texto, que ordena al Departamento de Guerra conducir operaciones militares contra los cárteles bajo la ley de conflicto armado.

Afirma el texto: «El presidente determinó que estos cárteles son grupos armados no estatales, los designó como organizaciones terroristas y concluyó que sus acciones constituyen un ataque armado contra Estados Unidos».

«En respuesta, y basándose en los efectos acumulativos de estos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos y de naciones aliadas, el presidente determinó que el país se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas. El presidente ordenó al Departamento de Guerra llevar a cabo operaciones contra ellas conforme a la ley de conflicto armado», añade.

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Los ataques comenzaron el 2 de septiembre, cuando fuerzas estadounidenses destruyeron una lancha rápida acusada de transportar cocaína. Según Trump, pertenecía al Tren de Aragua, banda venezolana que este año fue incluida en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. Murieron 11 personas. Dos semanas después, el 15 de septiembre, otro operativo acabó con una embarcación sin bandera en aguas internacionales, lo que resultó en la destrucción de la carga y la muerte de tres «combatientes ilegales», según el documento. En total, al menos tres operaciones navales en septiembre dejaron decenas de muertos.

La Administración no ha explicado cómo determinó la identidad de los ocupantes de las embarcaciones ni la naturaleza de la carga antes de lanzar los ataques. El Pentágono, que remitió las preguntas a la Casa Blanca, no ha facilitado la lista de las organizaciones consideradas terroristas en el centro del conflicto. Esta falta de transparencia provocó frustración entre varios senadores durante una sesión informativa clasificada celebrada en el Capitolio el miércoles.

La justificación de Trump representa una ruptura con el marco tradicional de lucha antidrogas, que se basaba en el uso de autoridades policiales y judiciales. El presidente sostiene que el narcotráfico equivale a un ataque armado y que, por tanto, requiere una respuesta militar. Esta reinterpretación legal refuerza su agenda de seguridad interna, al tiempo que contradice su promesa inicial de evitar intervenciones prolongadas en el extranjero.

El movimiento ha suscitado críticas de legisladores de ambos partidos. El senador demócrata Jack Reed, exoficial del Ejército y principal miembro de su partido en el Comité de Servicios Armados, advirtió de que «los cárteles son despreciables y deben ser combatidos por las fuerzas del orden, pero la Administración no ha ofrecido justificación legal, pruebas ni inteligencia creíble para estos ataques». Organizaciones de derechos humanos también han cuestionado la legalidad de las operaciones, al considerar que el presidente ha empleado al Ejército para fines policiales sin la debida autorización del Congreso.

Pese a ello, la Casa Blanca defiende que los ataques son parte de la promesa de Trump de enfrentar a los cárteles. «El presidente actuó en línea con la ley de conflicto armado para proteger a nuestro país de quienes intentan traer veneno mortal a nuestras costas», afirma la portavoz adjunta Anna Kelly.

El trasfondo diplomático agrava el escenario. Washington vincula directamente a Venezuela con las rutas de narcotráfico y sitúa a sus grupos criminales en el centro del conflicto. La declaración de un «conflicto armado no internacional» abre la puerta a operaciones militares más amplias en el Caribe y Sudamérica.