Detenidos en el Reino Unido los primeros inmigrantes en cruzar el canal de la Mancha tras el acuerdo con Francia

Las detenciones coincidieron con el anuncio del inicio de la fase operativa del programa, fruto de las negociaciones entre el gobierno laborista de Keir Starmer y el ejecutivo de Emmanuel Macron, y que contempla un sistema de intercambios semanales: por cada migrante devuelto a Francia tras llegar de forma irregular al Reino Unido, Londres se compromete a acoger a otro solicitante de asilo procedente de suelo francés que cumpla con los requisitos legales y de seguridad establecidos.

«Hemos detenido a los primeros migrantes ilegales en el marco de nuestro nuevo acuerdo, antes de devolverlos a Francia. Si infringes la ley para entrar en este país, te arriesgas a ser devuelto. Cuando digo que no escatimaré esfuerzos para proteger nuestras fronteras, lo digo en serio». Con estas palabras, el primer ministro británico, Keir Starmer, defendió la puesta en marcha del nuevo mecanismo.

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Ivannia Salazar

Las conversaciones resultaron en la propuesta del sistema «uno dentro, uno fuera», que permitiría al Reino Unido devolver migrantes a Francia, a cambio de aceptar un número equivalente de solicitantes de asilo en suelo francés que tengan algún vínculo británico

Los migrantes detenidos, cuyo número no trascendió, fueron interceptados tras desembarcar en la localidad de Dover, en el sureste de Inglaterra, y se encuentran ahora bajo custodia en centros de detención temporal, desde donde se activará el procedimiento de devolución. Según el ministerio del Interior británico, el proceso contempla una notificación oficial a las autoridades francesas en un plazo máximo de tres días.

Francia dispone, a su vez, de dos semanas para aceptar el retorno. En paralelo, el Reino Unido ha comenzado a recibir solicitudes de personas que, desde territorio francés, desean acogerse a la nueva vía legal de entrada, limitada a un máximo de cincuenta personas por semana y supeditada a criterios como la existencia de vínculos familiares en el Reino Unido.

La ministra del Interior, Yvette Cooper, declaró que «cualquiera que llegue ilegalmente puede ser detenido y devuelto» y añadió que el objetivo del acuerdo es «romper el modelo de negocio de las bandas criminales que trafican con seres humanos». El primer ministro, por su parte, publicó en redes sociales que «quien venga ilegalmente se arriesga a ser devuelto», insistiendo así en que su gobierno quiere sustituir las promesas políticas vacías por «resultados concretos».

El acuerdo, anunciado hace algunas semanas durante la visita de Estado de Macron al Reino Unido y puesto ahora en marcha, forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo laborista para demostrar firmeza en el control de fronteras y, al mismo tiempo, intentar restaurar canales legales de migración segura. No obstante, el margen de acción es limitado. El programa contempla un número inicial de cincuenta devoluciones y cincuenta admisiones semanales, cifra que contrasta con la magnitud de los flujos actuales: más de 25.000 personas han cruzado el Canal en lo que va de año, lo que representa un aumento significativo respecto al 2024.

Si bien el Gobierno de Starmer insiste en que el efecto disuasorio será clave para reducir las llegadas, expertos legales han advertido de que muchos casos pueden dar lugar a recursos ante los tribunales británicos, principalmente invocando el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege el derecho a la vida privada y familiar.

La oposición conservadora ha criticado la iniciativa por considerarla simbólica e insuficiente. Varios diputados han señalado que el plan no contiene mecanismos sólidos para garantizar su cumplimiento a largo plazo y que la cifra de retornos difícilmente tendrá impacto real en los flujos migratorios, y desde sectores más críticos del propio Partido Laborista también han surgido dudas sobre la viabilidad legal y la compatibilidad del programa con las obligaciones internacionales del Reino Unido.

Francia, por su parte, ha evitado hacer declaraciones públicas sobre las detenciones, pero el ministerio del Interior galo confirmó días atrás su disposición a colaborar en el marco del acuerdo, siempre que el procedimiento se ajuste a derecho. El acuerdo entre Londres y París tiene una duración inicial de doce meses, prorrogable, y puede ser suspendido por cualquiera de las partes con solo un mes de preaviso.

El Gobierno británico ha asumido el coste logístico tanto de las devoluciones como de las admisiones, y ha lanzado además una campaña informativa en territorio francés para advertir a los potenciales migrantes de los riesgos del cruce ilegal y de las consecuencias legales a las que se enfrentan.