La defensa de Bolsonaro cuestiona la acusación mientras surge un movimiento de aliados por una amnistía

En un tono de combate, Vilardi ha afirmado que su defendido «no atentó contra el estado democrático de derecho», insistiendo en que «no hay una sola prueba» que lo vincule con los actos del 8 de enero o con las supuestas «minutas golpistas» halladas por la policía. Según el jurista, Cid «presentó una versión y alteró esa versión», lo que invalida su testimonio y debería conducir a la anulación de su colaboración. En otro momento, Vilardi informó que Bolsonaro no se encuentra bien de salud, y que está con una crisis de hipo relacionada a las cirugías intestinales que ha realizado desde que sufrió un atentado en 2017, razón por la que no pudo estar presente.

La defensa responde frontalmente al fiscal general de la República, Paulo Gonet, quien en el primer día del juicio pidió la condena del expresidente, al que calificó de «coordinador» de un plan golpista. Según Gonet, el plan criminal se gestó desde 2021 y los actos del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los Tres Poderes fueron una «etapa esencial» del mismo.

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El escenario, sin embargo, se le ha complicado a Bolsonaro por la tesis de otro acusado, el exministro de Defensa, general Paulo Sérgio Nogueira. Su abogado, Andrew Fernandes Farias ha asegurado que Nogueira «fue totalmente contra cualquier medida de excepción» e intentó «disuadir al presidente de la República de sus intenciones golpistas», con lo que ha empujado a Bolsonaro a una situación delicada.

Bolsonaro y los otros siete acusados responden por cinco crímenes: organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe de Estado, daño calificado por la violencia y grave amenaza, y deterioro de patrimonio catalogado. El riesgo de condena es alto, dada la robustez de las pruebas y las declaraciones incriminatorias de los acusados.

Mientras el juicio avanza en el Supremo, en los bastidores del Congreso Nacional se acelera un movimiento para aprobar una amnistía para los implicados en los ataques del 8 de enero de 2023, que se desarrolla en paralelo al juicio en el que Bolsonaro podría ser condenado.

La iniciativa está siendo liderada por el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, uno de los favoritos para disputar la presidencia en lugar de Bolsonaro, y tiene por objetivo no solo beneficiar a los responsables por los actos violentos, sino también al propio expresidente. Aunque en principio los parlamentarios buscarían una amnistía «amplia, general e irrestricta», las negociaciones buscan «calibrar» el texto para evitar un choque directo con el Tribunal Supremo que se mantiene como defensor de la institucionalidad contra acciones golpistas.

La iniciativa está siendo muy mal vista por medios de prensa y organizaciones de defensa de la democracia por oponerse al trabajo del poder judicial, que acusa a Bolsonaro de liderar una «organización criminal» para derrocar a las instituciones democráticas brasileñas.

Pero el juicio se basa en pruebas contundentes de la Fiscalía, como audios y documentos que, según Gonet, demuestran que el plan golpista estaba «en ejecución». Gonet afirma que el grupo de Bolsonaro elaboró minutas para medidas que serían firmadas después de conseguir el apoyo de las Fuerzas Armadas, contando con la movilización popular para legitimar el golpe.

Esta presión del gobernador de São Paulo y de la oposición a Lula en el Congreso, contra el juicio que se está llevando a cabo en el Supremo, está siendo visto como una prueba de fuego para la democracia brasileña. La articulación de bolsonaristas para tratar de librar a los involucrados en el intento de golpe, se contraponen a las denuncias del Ministerio Público que buscan la condena de los acusados. Tarcisio de Freitas y los congresistas bolsonaristas ven la aprobación de una amnistía en el Congreso, como un camino para anular las condenas y devolver la elegibilidad a Bolsonaro, lo que podría cambiar el rumbo de las elecciones del próximo año.