El crimen organizado asesina a casi una veintena de políticos tras las elecciones en México

La primera muerte llegó de manera casi simultánea al festejo de Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México. Un candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ganó las elecciones en un municipio del estado de Oaxaca, fue asesinado en su casa cuando se encontraba en plena celebración familiar.

Luego vendrían casos similares en los estados de Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, Tamaulipas y San Luis Potosí. La violencia mantiene su matriz de las elecciones y se focaliza en la política local y municipal, donde las fuerzas policiales son débiles y no pueden competir con el poder de los cárteles de la droga, que extorsionan a alcaldes y funcionarios para que estos contraten como proveedores a empresas de su propiedad y les permitan, además, designar al jefe de la policía.

Noticia Relacionada

Las Madres Buscadoras de México no quieren ser ignoradas por la nueva presidenta, Sheinbaum

Milton Merlo | Corresponsal en Ciudad de México

«Si un candidato vinculado a la competencia ganó, hay motivo para tomar acción. Y si resulta que uno prometió lo mismo a diferentes grupos –lo que es frecuente– hay motivo para recordarle que no respetar promesas hechas conllevará costos», expresó el pasado viernes un reporte de la consultora de temas de seguridad Crisis Group.

Un aspecto central de los compromisos supuestamente no cumplidos es que las campañas políticas en México son muy costosas. El candidato debe regalar todo tipo de productos a sus potenciales votantes (electrodomésticos, ropa, bicicletas, etc.), organizar comidas para los asistentes a eventos multitudinarios, hacer acuerdos económicos con medios de comunicación y además pagarles a sus colaboradores. En la búsqueda de los recursos para tal despliegue es que cuando aparece la sombra del narco.

En un municipio de 100.000 personas en Oaxaca una campaña puede llegar a costar 2 millones de euros. A los gastos propios del proselitismo se agrega también la necesidad de contratar un batallón de colaboradores para que custodien las casillas electorales el día de la elección. A estos supervisores se suman los costos de abogados, en caso de que fuera necesario litigar el resultado de la elección, algo frecuente en México.

Según la organización México Evalúa, el 80% de los ataques del crimen organizado son contra autoridades y partidos que buscaron puestos a nivel municipal, el 31% de los mismos son contra candidatos a alcaldías y su gabinete. En las pasadas elecciones se renovaron la totalidad de las presidencias municipales.

La semana pasada Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó un reporte sobre los candidatos registrados oficialmente que fueron asesinados en el proceso electoral y la cifra llegó a 12 casos. A estos se agregan las muertes de colaboradores de las campañas, familiares y funcionarios.

Ese informe es rechazado por diversas organizaciones no gubernamentales que se enfocaron en recopilar información con los reportes publicados en los medios de comunicación. Con base al último reporte publicado por Integralia, del 28 de mayo, fueron asesinados 34 aspirantes o candidatos, es decir casi tres veces la cifra oficial que expone la autoridad gubernamental.

De momento Sheinbaum se ha pronunciado a favor de sostener la política de seguridad de Andrés Manuel López Obrador y la semana pasada afirmó que mantendrá el esquema de la Guardia Nacional, una policía militarizada creada en el actual gobierno y que depende de la Secretaría de la Defensa.