Se dispara la violencia política en México: el Gobierno reconoce el asesinato de 20 candidatos

Gisela Gaytán Gutiérrez había criticado, horas antes de su muerte, la inacción de las autoridades estatales frente a la violencia. Guanajuato en la actualidad está gobernado por el Partido Acción Nacional, opositor a López Obrador; de hecho, en las presidenciales del 2018, fue el único estado donde perdió el actual mandatario. Este crimen ha saltado a la arena nacional tras las palabras de López Obrador contra el gobernador: «Diego Sinhue gobierna, pero no manda». De momento, sin embargo, el presidente no da respuestas al hecho de que en el registro de vídeo del asesinato se observa cómo los militares que estaban cerca de la candidata en el momento de su muerte se alejan corriendo en distintas direcciones mientras Gisela Gaytán Gutiérrez es ejecutada.

Guanajuato es uno de los territorios mexicanos más peligrosos. En 2023, Celaya fue escenario de un atentado con coche-bomba y, además, seis universitarios fueron asesinados. En diciembre del año pasado, murieron otros doce jóvenes que participaban de un festejo navideño. Y en los últimos seis años, cinco candidatos electorales, de diferentes partidos políticos, han perdido la vida. Es, además, el escenario de una guerra abierta entre el cártel Jalisco Nueva Generación –el más poderoso de México– y el de Santa Rosa de Lima, más pequeño y enfocado en el robo de combustibles, aunque, según la autoridad estatal, ha comenzado a hacer incursiones en el tráfico de drogas. Esta violencia convive con un gran dinamismo económico: es un referente en el sector de fabricación automotriz. En Guanajuato las empresas españolas operan en ramos como construcción, cerámica, automotriz, servicios, metalmecánica y agroindustria. En el último lustro han invertido unos 100 millones de dólares, según datos del Gobierno estatal.

Noticia Relacionada

El yihadismo busca en México nuevas vías de financiación

Milton Merlo | Ciudad de México

Un total de veinte aspirantes a un cargo electo han sido asesinados en lo que va de 2024, tal y como revela un estudio de la agrupación Laboratorio Electoral. De mantenerse esta tendencia, podría superarse los 24 asesinados de la presidenciales de 2018 y los treinta de las legislativas del 2021. Pero hay otras cifras que muestran una violencia política extendida a militantes, organizadores de eventos de campaña, familiares de candidatos... Son estremecedoras. Según la consultora Integralia, entre 2023 y 2024 han sido asesinadas 399 personas relacionadas con actividades políticas u electorales. Se trata de la temporada electoral más violenta de la historia reciente mexicana.

El informe señala: «Los aspirantes a cargos municipales son los más afectados, pues recibieron 54.5% de las agresiones. Los municipios son los blancos prioritarios del crimen organizado, pues representan acceso directo al control de las economías locales». En México es habitual que el crimen organizado desarrolle empresas de limpieza pública, construcción y luminarias para luego venderle servicios al municipio. De ahí la necesidad de las bandas de conseguir que sus candidatos cercanos lleguen a ser alcaldes. Estas actividades crecen como alternativa al narcotráfico. Otros rubros son el tráfico de personas, el robo de combustibles, el robo de mercancías en las carreteras y las extorsiones, más conocidas como «cobro de piso».

Ya desde febrero, López Obrador, previendo esta situación, dijo que la seguridad de los candidatos a cargos locales como alcaldes o diputados era responsabilidad de los organismos electorales de cada estado. El problema es que en diversas entidades dichos institutos tienen muy pocos recursos y nulo conocimiento en materia de seguridad personal.

Para los cargos federales, como gobernadores, senadores o diputados federales, el Instituto Nacional Electoral asigna diez elementos de custodia y cuatro vehículos en aquellos casos de candidatos amenazados y con riesgo elevado. Los de riesgo bajo tienen dos elementos y un vehículo.

Las candidatas presidenciales, tanto la oficialista Claudia Sheinbaum como la opositora Xóchitl Gálvez, llevan custodia permanente del Ejército; además, el servicio de inteligencia sigue sus pasos y recorridos por todo el país. Sin embargo, desde ambos comandos electorales señalan a ABC que en diversos municipios y regiones del país deben comunicarse previamente con grupos criminales que operan en la zona para tener una suerte de 'permiso', que asegure la concreción del acto proselitista sin consecuencias violentas. Generalmente, ese permiso se gestiona con curas locales que tienen acceso a los grupos criminales.

Es frecuente que cuando se desarrollan los eventos de campaña y las candidatas saludan con un abrazo a las personas que participan del acto, alguna de estas supuestas simpatizantes –suelen ser mujeres–, le susurra un mensaje al oído a la candidata cuyo emisor sería un grupo criminal. El mensaje suele ser para garantizar la seguridad en sus actividades en la zona. Cuando es un territorio del cartel de Jalisco, el susurro comienza: «Desde la empresa me mandan decirle…».