Chile destaca la cooperación para fortalecer la «memoria histórica de la región»

Este martes, durante un acto en la Casa de América, en Madrid, Cordero Vega comparó las trayectorias sobre memoria histórica entre España y Chile, donde el ministro destacó la situación española, que a través de un debate legislativo se abordó la construcción de la memoria histórica y de la democrática. Asimismo, enfatizó la importancia de la cooperación entre los países para poder retroalimentarse de las diversas experiencias que han atravesado, en la que se mencionó los hallazgos de la gestión forense española.

Durante el encuentro, el secretario de Estado chileno profundizó sobre las acciones que está llevando a cabo el Gobierno del presidente Boric a través del Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos. Cordero es el encargado de liderar esta labor, que fue asumida por este mandato como «una política pública permanente».

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Un chófer dejó a los niños en una estación de tren en Barcelona. El mayor hablaba francés y algo de español. Decía que vivían en París, pero ninguno recordaba el nombre de sus padres. Nadie los reclamó. Ya conocen a parte de su familia pero aún no saben qué ocurrió con sus progenitores

El principal objetivo de esta propuesta es conocer las circunstancias de las desapariciones y «recuperar la confianza» de las asociaciones de víctimas y familiares de la dictadura de Pinochet.

Este gobierno decidió cambiar el enfoque del Estado chileno a la hora de abordar los derechos humanos hasta ahora –que «descansa en los hombros de las víctimas», por lo que decidió incluir un trabajo conjunto con expertos de Naciones Unidas, considerar las historias de los abogados y jueces que se han involucrado en el proceso por la defensa de los desaparecidos, y reunirse con las agrupaciones de familiares.

El titular reconoció los errores de identificación de las víctimas que se han cometido a nivel estatal, lo que ha atrasado por años la entrega de cuerpos a las familias, que han liderado la búsqueda judicial de los detenidos desaparecidos.

Cordero terminó su participación señalando que «la memoria es una garantía para la democracia» y entregó cifras «provisionales», que incluyen «1.100 detenidos desaparecidos y más de 300 personas ejecutadas sin entrega de cuerpos», números que podrían modificarse durante el desarrollo de las investigaciones.

Concluyó que ha sido fundamental la cooperación con otros países de América Latina, cuyos avances han contribuido a institucionalizar el Plan de Búsqueda. Los hallazgos permiten avanzar en la construcción de la «memoria histórica de la región».

En la conversación también se abordaron otras temáticas que son de preocupación para la ciudadanía chilena, como lo son la crisis de la salud pública –que se arrastra hace años y ha enfrentado a las aseguradoras privadas a una judicialización permanente sobre su actuar–, el hacinamiento en las cárceles, y las penas por delitos contra los policías.

Con respecto al número de personas en prisión, se refirió a que el delito del sicariato es nuevo en el país y la dificultad de abordar el aumento de la migración, que explica por la «porosidad de las fronteras».

A su vez, sobre la gestión del orden público por parte del gobierno, profundizó sobre la criticada Ley Naín Retamal y señaló que el plan de seguridad implementado ha tenido «resultados».