Las cárceles de Maduro, campos de concentración para silenciar a la disidencia

En un comunicado, su directora Tamara Suju se ha referido a la situación en el Fuerte Guaicaipuro (conocido también como Cenapromil), El Rodeo 1, el Helicoide, el DGCIM, y otros centros penitenciarios y policiales donde están los presos del régimen de Maduro, así como las desapariciones forzadas de nacionales -hace casi tres meses que fue secuestrado el yerno del presidente electo, Edmundo González, y se desconoce su paradero- y extranjeros -con frecuencia utilizados como moneda de negociación por el Gobierno chavista-, el terrorismo de Estado contra los venezolanos.

Suju denuncia de manera especial el Cenapromil (Centro de Procesados y Penados Militares), que la activista califica de «lugar infame». Situado bajo la superficie de la tierra, en un entorno que desafía toda noción de derechos, fue creado hace seis meses por el régimen de Nicolás Maduro y se ha convertido en un símbolo de represión, donde la privación de libertad se vive en su forma más extrema y deshumanizadora.

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Las celdas, de apenas dos por dos metros, están localizadas en un subsuelo oscuro y opresivo, resguardadas por puertas de acero que sellan la tortura de sus ocupantes. Desde arriba, los custodios caminan sobre un techo de rejas, convirtiéndose en una especie de vigilantes que inspeccionan desde arriba a los presos políticos, quienes son tratados como animales enjaulados. «Los prisioneros son como leones», así lo describe Suju en conversación con ABC.

El Cenapromil fue establecido con un propósito claro y aterrador: encerrar a aquellos funcionarios de la Policía y militares que el régimen considera una amenaza y que merecen castigo. Este enfoque selectivo ha suscitado críticas tanto dentro como fuera del país, en el que defensores de derechos humanos denuncian que la cárcel no es solo un espacio físico, sino un símbolo de la creciente represión política que vive Venezuela.

Las condiciones de vida están divorciadas de la dignidad y la compasión. La falta de luz natural, la escasa ventilación y la ausencia casi total de acceso a atención médica son solo algunas de las preocupaciones que se agolpan en la mente de familiares y amigos de los que quedaron atrapados en esas celdas deplorables. No es solo una cuestión de encarcelamiento, sino de tortura psicológica y física.

Cepropemil se halla en el Fuerte Militar Guaicaipuro, a poco más de 50 kilómetros de Caracas, en una pequeña ciudad del estado Miranda llamada Charallave, que se caracteriza por sus altas temperaturas que superan los 30 grados centígrados, y que convierte el socavón en un auténtico horno para los presos políticos. Está desprovisto de paredes y lleno de plagas. Este entorno no solo es insoportable, sino que también expone a los internos a múltiples riesgos de salud.

En el sofocante galpón están detenidos ocho funcionarios policiales, 27 militares y 72 civiles. Algunos de los hombres son acusados de magnicidio y de conspirar con la oposición. Estos son señalados de participar en el ataque con dron en 2018 durante un acto de Maduro; el levantamiento militar en la base militar de La Carlota, en Caracas, liderado por los opositores Leopoldo López y Juan Guaidó en 2019, y la incursión marítima bautizada por el chavismo como la Operación Gedeón en 2020.

Los efectos de esta cárcel son profundos. Mientras el régimen se aferra a su control y poder, aquellos que se atreven a cuestionarlo enfrentan un destino oscuro en un lugar donde el silencio y el miedo son las únicas constantes. La comunidad internacional observa con horror, esperando que un rayo de esperanza pueda emerger en medio de esta oscura realidad para los presos de Maduro.

Este centro de torturas es una «extensión» de la cárcel militar de Ramo Verde, precisa a este diario una fuente anónima cercana a la denigrante situación. Ramo Verde es la misma prisión en la que estuvo Leopoldo López, y se encuentra a 75 kilómetros del Cepropemil. Esta prisión se hizo popular cuando el opositor estuvo encerrado ahí y las denuncias de 2019 y 2020 hizo que la comunidad internacional se interesara en este recinto penitenciario.

«Ramo Verde lo remodelaron total y absolutamente. Cuando llega una misión internacional, lo primero que pide es ir para allá. Ahí encuentras gimnasio, casino y hasta puestos donde los privados de libertad venden comida. Ramo Verde es una versión mejorada del resto de las prisiones y la exponen a quienes quieren conocer la situación carcelaria del país. Pero al Cepropenil llevan a los que son castigados, a los que se portan mal, o al que hace algo indebido», comenta por vía telefónica otra fuente anónima a ABC, quien dice conocer muy de cerca la situación de ambas prisiones.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, otorgó en febrero de 2020, medidas cautelares a favor de los detenidos en Ramo Verde tras fuertes denuncias de violaciones a sus derechos.

«Esta cárcel (Cepropemil) es un centro de tortura per se y todo lo que ahí ocurre está alejado de las famosas reglas Mandela, porque en ningún reglamento internacional sobre las condiciones de detención de las personas existe una cárcel como esta. Y esta cárcel fue construida para denigrar la condición humana», precisa Suju. Ella hace referencia al conjunto de reglamentos universales para los reclusos, cuyas bases son la prohibición de torturas y el respeto a la dignidad humana, entre otras. Para la defensora de derechos humanos, «el régimen de Maduro se ha dedicado a crear y a remodelar cárceles para los disidentes».

La falta de control en esta instalación va más allá de las condiciones climáticas. Las luces permanecen encendidas durante las 24 horas, borrando la distinción entre el día y la noche. «Pierden la noción del tiempo, del día y la hora», comenta Suju. A los presos políticos los sacan a espacios abiertos en la madrugada y esposados, indica con preocupación una de las fuentes citadas.

El acceso al agua es otro aspecto alarmante de esta situación. En un país donde el suministro de agua ya es deficiente, los internos deben conformarse con un chorrito que se activa a veces tres minutos y otras veces 10 minutos al día. «La situación del agua es terrible», afirma Suju, enfatizando que esta privación básica solo añade más sufrimiento a una vida ya marcada por la angustia y la incertidumbre.

«Durante ese tiempo, ellos deben lavar la taza donde comen, deben asearse y aprovechar de hacer sus necesidades. Sus celdas tienen letrinas. La comida se la lanzan a veces por el techo y algo cae en el piso, otro poco dentro de su plato; es lo que comen y lo hacen con las manos. Y cuando llueve el agua moja sus colchonetas», comenta un familiar de un interno, que protege su identidad por miedo a inminentes castigos. Pero no puede ocultar la impotencia que siente ante la creciente desesperación que enfrenta su ser querido.

Los reclusos desayunan atoles de harina de maíz, almuerzan arroz y granos, mientras que la cena suele ser arepa con queso. Son alimentos que están lejos de ser nutritivos. Algunos días, las esposas y otros familiares pueden hacerles llegar comidas que están preparadas con proteínas y alimentos de fácil consumo como la avena; botellas de aguas congeladas, jarras de café, todo lo necesario y que pueda mantenerse al menos hasta la próxima visita. Pero antes de que esto fuese permitido, los internos hicieron una huelga de hambre para que las condiciones del agua mejoraran y dejara de ser una preocupación más durante su consumo. Después de esa protesta algo mejoró. «El agua era negra, con partículas como de metal», narra con incredulidad un familiar que vio con sus propios ojos el agua que consumía su pariente.

La lucha por la dignidad y el sustento en las cárceles venezolanas sigue siendo un desafío crítico. En el país sudamericano hay 901 personas detenidas por razones políticas, según un balance ofrecido en las últimas horas por la ONG Foro Penal. De esa cifra, 734 son civiles y 167 son militares.