Angustia a las puertas de la Zona 7, el centro de detención de los venezolanos que protestan contra el chavismo

La sombra que proyecta la edificación protege del sol a Carolina. Lleva horas en la calle con los nervios de punta, esperando recibir alguna novedad sobre la situación de su hermano, quien se encuentra privado de libertad desde el lunes por la tarde.

Carolina es un nombre ficticio, otra persona que prefiere hablar bajo anonimato por temor a posibles represalias. Tampoco quiere hacer público el nombre de su consanguíneo. «El abogado me dijo que mientras menos público fuera el caso, mejor», asegura. «Nada de comunicados en los que lo nombren, o entrevistas o publicaciones en redes sociales exigiendo su libertad», comenta con indignación, porque lo lógico sería que el proceso pudiese agilizarse si se expone lo que está pasando con los detenidos, «que se sienta la presión de los familiares que estamos aquí afuera, evidenciando que se están vulnerando los derechos de todo el mundo, pero lamentablemente este Gobierno no da tregua; aplican la ley como les da la gana».

La mujer, una manicurista de 30 años, teme que si su hermano, un joven de 28 que trabaja y estudia, se convierte en una «figura pública», el Gobierno de Maduro, en vez de soltarlo, lo utilice como ejemplo de castigo a todo aquel que se atreva a cuestionar los resultados electorales. Miedo y prudencia son términos que estos días están de moda en Venezuela. «Lo mejor es que lo mantengamos bajo perfil», expresa Carolina. «Y lo mismo les dije a ellos [los detenidos] adentro; «nada de estar brillando, de alborotar, de que la gente los vea. Tranquilitos como si no estuviesen aquí».

Son momentos angustiantes para los familiares. A este joven lo han imputado por terrorismo, entre otros cargos. Después de la primera presentación ante el tribunal, concedieron 45 días para la investigación de las acusaciones. El miércoles, al menos 75 de los detenidos fueron trasladados a Yare III, una cárcel de presos comunes en donde se enfrentarán a lo que el Observatorio Venezolanos de Prisiones describe como «condiciones inhumanas como hambre, hacinamiento, violencia intracarcelaria y falta de atención médica». El Gobierno ha anunciado la captura de 1.200 personas y la búsqueda de otros 1.000 más.

Para desgracia de millones de venezolanos, la complicada situación económica no permite que la gente pueda poner su vida en pausa mientras resuelve otros problemas; todos se van acumulando. Si Carolina quiere comer mañana, tiene que seguir trabajando hoy. Por eso ha organizado una red vecinal y familiar en la que se distribuyen las atenciones del detenido, a quien tienen que cocinarle, llevarle alimentos y hacer guardias durante horas eternas a la espera de alguna noticia... o algún milagro.

Aurora Silva, ingeniera en telecomunicaciones de 35 años, todavía no sabe nada de su esposo. El martes, un comando de hombres encapuchados lo acorraló en la calle, lo bajaron de su vehículo y se lo llevaron en otra camioneta. Han pasado más de 80 horas y Aurora todavía no tiene información sobre él. El desaparecido es Freddy Superlano, un líder opositor de 48 años y miembro del comando de campaña de María Corina Machado y Edmundo González.

Tras conocerse la noticia de la detención, Aurora comenzó a recorrer todos los sitios de detención de Caracas, según comenta a ABC. Se dirigió al Helicoide, que es conocido como un centro de tortura en el que encarcelan a la disidencia, pero le dijeron que allí no había llegado. Entonces la enviaron a la sede del DGCIM —la contrainteligencia militar—, pero de ese lugar la redirigieron a la central del Sebin —el Servicio de Inteligencia— en Plaza Venezuela, un lugar que ha recibido el nefasto apodo de 'La Tumba' y en el que han muerto activistas y opositores como Fernando Albán bajo custodia del Estado. Aurora recorrió otros centros, pero en todos le aseguraron que Superlano no había sido presentado.

El jueves, la esposa de Superlano se dirigió al Palacio de Justicia junto con su abogado para presentar un 'habeas corpus' y exigir una fe de vida; ya habían transcurrido las 48 horas reglamentarias que establece la Constitución para presentarlo ante una autoridad judicial. Sin embargo, nadie es capaz de ofrecerle respuestas, y a Aurora le resulta frustrante el funcionamiento de la ley en Venezuela, porque se sabe que su marido está en manos del Estado. Un Estado que por un lado se jacta de tener a Superlano cooperando, y por el otro le asegura a la esposa del detenido que no tiene nada que ver con la desaparición de su pareja. El jueves, durante una rueda de prensa, el fiscal general, Tarek William Saab informó que Superlano se encontraba en buen estado de salud y «aportando datos interesantes».

A oídos de Aurora han llegado rumores de torturas, y teme que a Superlano lo fuercen a grabar un vídeo en el que aparezca declarando en contra de María Corina. «Ningún abogado lo ha visto, solo fiscales. Están violando su derecho a la defensa. Desde enero, a todos los presos políticos les han prohibido tener abogados privados; les asignan uno público», denuncia la mujer.

Superlano, como todo disidente opositor que se digne de ponerse estos calificativos, sabía que una situación como esta podía llegar en algún momento. «Lamentablemente, era una conversación recurrente en mi casa», comparte Aurora. «Todos estos años hemos sufrido persecuciones continuas y amedrentamientos. Han puesto en riesgo la vida de nuestras hijas, de tres y seis años, y también la estabilidad de los niños que comparten con ellas en el colegio».

Aurora habla con tristeza pero con la determinación de hacer todo lo posible para que su compañero de vida aparezca, y aparezca bien. «Freddy trató de prepararme para esto, pero una cosa es hablarlo y otra cosa es vivirlo. Pero estaré aquí para ser su voz. La de él y la de los más de mil detenidos».