Boric anuncia una cárcel de alta seguridad para el crimen organizado

El mandatario, quien realizó una visita oficial de 36 horas a Paraguay, se subió al avión presidencial el martes tras entregarles a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y su subsecretario Manuel Monsalve el encargo de recibirlo el miércoles en la noche con una batería de propuestas para enfrentar el tema.

Esta mañana, el gobernante encabezó una nueva reunión con el gabinete de seguridad compuesto entre otros por los mandamases de las policías y miembros del Poder Judicial para luego anunciar que se iniciará la construcción de una cárcel de alta seguridad para los miembros del crimen organizado.

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«Esto es relevante para la lucha contra el crimen organizado que sabemos se sigue articulando desde las cárceles, aquí y en el extranjero… En Chile no vamos a permitir lo que ha sucedido en otros países, en donde el crimen organizado ha tomado las cárceles sin control del Estado. En Chile eso no va a suceder», aseguró al tiempo que confirmaba se decisión de no ir a los JJOO.

La visita a París para la próxima semana, la segunda de lo que va en el año, sería la primera escala en ruta a los Emiratos Árabes, destino que aún no ha sido cancelado por tener un objetivo comercial.

Los asesinatos de cuatro menores de edad que participaban en un cumpleaños en una plaza y de cinco extranjeros que estaban en una fiesta en una casa de campo, fueron los hechos que precipitaron las críticas de la oposición y del propio oficialismo al Gobierno.

Pero las cifras son aún más desalentadoras: en la primera quincena de julio se han ejecutado un 34% más de homicidios que en la misma quincena de 2023.

Hecho el anuncio, la ministra Tohá aclaró que el modelo que se seguirá es el usado por otros países, especialmente, de Europa, que «ha logrado inhibir la articulación o la coordinación de quienes están cumpliendo penas para la comisión de delito e inhibir también la posibilidad de que puedan tomar control de esos penales».

Y de inmediato aclaró: «Nuestro modelo no es el modelo salvadoreño, pero es el modelo de alta seguridad que está internacionalmente validado y que creemos que es el que nos puede dar mejores resultados».

Por la urgencia de esta crisis, las primeras medidas apuntan a aumentar las plazas de alta seguridad en los penales ya existen, acción que se lleva desplegando desde hace algunos meses en distintas ciudades como Antofagasta, Talca y Santiago, pero que será complementado con un plan carcelario a 2030, precisó Boric.

El reciente fin de semana largo en Chile, donde en solo cuatro días 16 personas perdieron la vida en crueles balaceras, llevó a varios alcaldes e incluso al senador socialista y exministro del Interior José Miguel Insulza, solicitar que se declare el estado de sitio en la región Metropolitana. Al respecto, la ministra Tohá respondió un categórico «no», aunque no descartó otras formas de participación de las Fuerzas Armadas.

Esta demanda sostenida por parlamentarios de distintos colores no convence al Ejecutivo porque hasta el momento el Congreso no ha logrado un acuerdo en la llamada ley RUF, es decir, Reglas del Uso de la Fuerza por parte de las policías y las FF.AA.. Estas últimas han comunicado al Gobierno que no debieran asumir funciones policiales sin que las normas estén claras, más con la experiencia vivida tras el estallido, tras el cual muchos uniformados están siendo procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos.

«Cada vez que surgen ideas de este tipo, nosotros las evaluamos. Estamos evaluando distintas formas de despliegue de las Fuerzas Armadas que puedan complementar el esfuerzo en seguridad», dijo Tohá.

La inseguridad copa la agenda del país desde hace varios años, pero la aparición del crimen organizado ligado a bandas, tanto extranjeras como nacionales, ya involucra a todos los estamentos de la sociedad.

Hoy, la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, la segunda agrupación empresarial más importante del país, anunció que ha solicitado una reunión mediante ley de lobby con la ministra Tohá para entregarle el documento «Propuestas y aportes del sector privado al combate del crimen organizado».

Su presidente, Rosario Navarro, adelantó que el texto comprende cuatro ejes: acciones que se pueden desarrollar como iniciativa pública, algunas en colaboración con el sector privado; acciones desde el sector privado; nuevos proyectos de ley, y leyes vigentes que es importante evaluar su implementación.