La Administración Trump implica a los militares en las redadas contra inmigrantes en Los Ángeles

Las imágenes de los soldados de la Guardia Nacional parapetando un edificio administrativo federal de Los Ángeles se han visto en todas las portadas e informativos. Su presencia en las redadas, que han continuado durante toda la semana en medio de las protestas, ha sido menos evidente. Las primeras imágenes fueron compartidas por la propia policía de Inmigración y Fronteras (ICE, en sus siglas en inglés, también conocida en buena parte de la comunidad inmigrante como 'la migra') y muestran a miembros de la Guardia Nacional, armados con fusiles, rodeando a agentes federales mientras detienen y esposan a inmigrantes.

La presencia de los militares tanto en las protestas como en las redadas está dentro de la polémica proclamación firmada el pasado fin de semana por Trump, que permite a los militares «proteger a los empleados de ICE y de otras ramas del Gobierno de EE.UU. que estén desarrollando funciones federales, incluido el cumplimiento de la ley federal», además de la «protección de propiedad federal».

Los militares no pueden realizar arrestos ni en las protestas ni en las operaciones de redadas de ICE, pero no está claro qué puede pasar en caso de que tengan que intervenir en situaciones de peligro para los agentes o las propiedades. «Puede haber situaciones especiales en las que podrían detener a alguien para ese objetivo de defender, pero solo podría ser el tiempo suficiente para entregarlo a la fuerza de seguridad apropiada», explicó a 'Los Angeles Times' el comandante del Comando Norte del Ejército de EE.UU., el general Gregory Guillot.

Una de las cuestiones que preocupan a los críticos con esta medida es la formación de los militares, que no se centra en operaciones de mantenimiento de la seguridad con civiles. El despliegue de los 'marines', por ejemplo, ha tardado varios días porque han tenido que recibir formación básica sobre cómo actuar en las situaciones a las que pueden estar expuestos.

Para los demócratas, el envío de los militares por parte de Trump es una «provocación» para echar leña al fuego en las protestas, según ha defendido la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, que impuso por primavera vez este martes un toque de queda para la zona más céntrica de Los Ángeles ;y es un «abuso de poder» y una «ilegalidad», según el gobernador de California, Gavin Newsom, que ha demandado a la Administración en tribunales para bloquear el empleo del ejército en las calles. El juez al que ha recurrido está previsto que tome una determinación al respecto hoy.

También, es un intento del presidente de apuntarse tantos políticos. «Desplegar fuerzas militares y llevar a cabo redadas de ICE militarizadas en barrios con inmigrantes no tiene que ver con la seguridad pública», protestó Arturo Flores, alcalde de Huntington Park, una localidad del área metropolitana de Los Ángeles, donde el 95% de la población es hispana. «Esto es teatro político enraizado en el miedo«, añadió en una conferencia de prensa con alcaldes organizada este martes por Bass.

Este despliegue militar en Los Ángeles podría ser solo el anticipo de un empleo a mucha mayor escala del ejército para el cumplimiento de la ley. En especial, para llevar a cabo la promesa de Trump del «mayor programa de deportación» de inmigrantes indocumentados de la historia.

Como norma general, el ejército no puede participar en el cumplimiento de la ley civil en EE.UU., según ha establecido la ley Posse Comitatus desde finales del siglo XIX. Trump se ha apoyado en poderes extraordinarios para enviar al ejército a California y su Administración ha dado señales de que podría no ser ni mucho menos la última vez.

«Estamos entrando en una nueva fase, especialmente con la atención en la seguridad interior que ha impuesto el presidente Trump, en la que la Guardia Nacional y los reservistas se convierten en un componente crítico de cómo mantenemos la seguridad de la nación», reconoció esta semana el secretario de Defensa, Peter Hegseth, en una comparecencia combativa en el Congreso. Los legisladores demócratas criticaron que los militares no deben tener ningún papel en el mantenimiento de la seguridad dentro de EE.UU. y que no tienen la formación necesaria, pero Hegseth defendió el despliegue. «Tenemos que ser capaces de hacer cumplir la ley migratoria en este país», mantuvo el líder del Pentágono, en un momento en el que se estima que hay cerca de once millones de inmigrantes indocumentados en el país.

La escalada en el uso del ejército podría ser la invocación de Trump de la Ley de Insurrección, después de haber calificado a los manifestantes de Los Ángeles como «insurrectos».

«Ahora mismo en California estamos en un buen punto», defendió su fiscal general, Pam Bondi, sobre la posibilidad de esa invocación. «Pero no tenemos miedo de ir más allá, de hacer algo más si es necesario».