Trump planta cara a los tribunales en el bloqueo del veto migratorio

El presidente de EE.UU., cuya palabra favorita es ‘ganar’, acababa de cosechar una derrota importante. Una decisión judicial del Noveno Circuito de Apelaciones de San Francisco había reafirmado el bloqueo a partes esenciales de la orden ejecutiva sobre inmigración que había dictaminado pocos días antes un juez federal en Seattle. La orden ejecutiva decretaba el veto temporal a la entrada de inmigrantes de siete países de mayoría musulmana y de los refugiados de cualquier país. Nada más entrar en vigor, su aplicación provocó un caos en los aeropuertos, multitud de protestas y una profusión de demandas legales contra el Gobierno. El veto afectó también a residentes legales y a inmigrantes con visados en regla.

La decisión del tribunal de apelaciones, formado por tres jueces, asegura que el Gobierno no ha justificado el veto migratorio a esos siete países -Irán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen- porque no ha presentado «ninguna prueba» de que «ningún extranjero de ninguno de los países que cita la orden haya perpetrado un ataque terrorista en EE.UU.»

La demanda partía de las autoridades de dos estados -Washington y Minnesota- y también cuestionaba la constitucionalidad de la orden ejecutiva por ir en contra de la Primera Enmienda de la Constitución, que consagra la libertad religiosa. La decisión del tribunal de apelaciones no entró en ese punto.

La Administración Trump tiene ahora tres opciones. Apelar la decisión judicial ante el mismo tribunal para que la reconsidere un panel esta vez formado por once jueces que pertenecen al tribunal de apelación del Noveno Circuito. No parece un camino donde prospere la posición del Gobierno, ya que se le considera el tribunal con los jueces más liberales del país. La segunda opción es que la batalla legal llegue hasta el Tribunal Supremo , que dejaría el tema zanjado de forma definitiva. La actual composición del órgano judicial de más alto rango en EE.UU. tampoco pondría las cosas fáciles para Trump. Las fuerzas están divididas entre cuatro jueces considerados conservadores y cuatro liberales, a falta de que el Senado confirme la nominación de Neil Gorsuch, elegido por Trump y de corte conservador. El Gobierno tiene 14 días para decidir si apela por una vía u otra, y, en cualquier caso, Gorsuch no llegará a tiempo para desequilibrar la balanza en caso de empate. Si hay el Supremo vota 4-4 sobre el caso equivaldrá a dejar en vigor la decisión del tribunal del Noveno Circuito. Todo apunta a que, antes o después, el asunto se substanciará ante el Supremo, ya que hay una docena más de demandas en todo el país relacionadas con la orden ejecutiva.

Otra opción sería modificar el decreto presidencial para adaptarlo a lo que piden los tribunales y dejar fuera puntos polémicos, como el impacto en personas con residencia legal o la prioridad a algunos refugiados por motivos religiosos. Las autoridades no han descartado ninguna opción, pero Trump no parece dispuesto a dar marcha atrás.