¿Por qué no es Rusia una democracia?

A partir de entonces, la incipiente democracia rusa empezó a declinar hasta llegar a la actual situación de «democracia virtual», como la denominan los opositores al régimen.

La primera premisa para que cualquier sistema político pueda ser considerado una democracia es la división de poderes. En la Rusia de Putin existe, pero es solo aparente. Tanto el Gobierno como el Parlamento y la Justicia están supeditados directamente al presidente, pese a que sobre el papel cada uno de ellos es independiente. La Constitución rusa vigente hoy día es democrática, pero el poder la incumple retorciendo la interpretación de sus artículos.

Según la Carta Magna rusa, cualquier persona que defienda ideas que no estén fuera de la ley, sea ruso y tenga la edad establecida, puede ser candidato a comicios municipales, regionales, legislativos o presidenciales. Otra cosa son las leyes, aprobadas durante los 18 años que Putin lleva al frente del país, para desarrollar tales mecanismos.

Los candidatos de fuerzas extraparlamentarias, que son todas menos Rusia Unida (Putin), Partido Comunista ( Guennadi Ziugánov ), Partido Liberal Democrático ( Vladímir Zhirinovski ) y Rusia Justa ( Serguéi Mirónov ), necesitan para poder ser admitidos a unas elecciones, según establece la Ley Federal Electoral, recoger cada uno 300.000 firmas de apoyo.

Y aquí está el filtro que utiliza Putin para eliminar a los adversarios molestos o directamente peligrosos. La Comisión Electoral Central, también bajo el total control del Kremlin, es la encargada de comprobar la validez y autenticidad de las firmas y echa para atrás muchas por «errores», como la transcripción incorrecta del domicilio o la escasa nitidez de la rúbrica. Las justas para dejar fuera al candidato que haga falta.

Este avieso procedimiento impidió al economista liberal, Grigori Yavlinski , presentar su candidatura a las pasadas elecciones presidenciales, la de 2012, medida que denunció incluso Gorbachov. Se puede recurrir ante los Tribunales la decisión de la Comisión Electoral, pero también allí está la mano del Kremlin.

Otra forma de despejar el panorama político de competidores es iniciando causas penales contra ellos claramente amañadas, como le ha sucedido al que ahora mismo tendría más posibilidades de desbancar a Putin, el bloguero anticorrupción, Alexéi Navalni . Según ha advertido ya la Comisión Electoral, Navalni no podrá presentar su candidatura a los comicios del marzo de 2018. Habrá que ver si la presentadora televisiva, Ksenia Sobchak , que también aspira a luchar por el sillón presidencial, supera la prueba de las firmas.

Otro derecho recogido en la Constitución rusa es el de reunión y manifestación, pero el poder en Rusia también lo vulnera. Tras su regreso al Kremlin en 2012 y con la visión todavía en la retina de las multitudinarias movilizaciones que estallaron a partir de diciembre de 2011, Putin se puso manos a la obra y promovió un paquete de leyes realmente restrictivas. Obligan a pedir permiso para llevar a cabo manifestaciones e incluso conferencias y congresos de fuerzas políticas, determinando de antemano el número de participantes que tendrá el evento, algo a todas luces imposible. Todo queda al arbitrio de las autoridades, que pueden rechazar las solicitudes con justificaciones inverosímiles. Por otro lado, y con el pretexto de garantizar la seguridad, la Policía dificulta el acceso a los lugares de concentración con detectores de metal.

El que más problemas tiene para reunir a sus partidarios y celebrar encuentros es Navalni, a quien detienen y condenan constantemente a penas de prisión menor por «desobedecer» las prohibiciones de sacar su gente a la calle. Hay centenares de activistas ahora mismo en la cárcel por el simple hecho de haber participado en actos «prohibidos», aunque hubiese discurrido pacíficamente.

Los partidos indeseables para el Kremlin tienen que superar además un auténtico calvario para poder ser registrados en el Ministerio de Justicia, trámite imprescindible para poder desarrollar su labor política dentro de la legalidad.

Otro indicador que da idea de la escasa calidad de la democracia rusa es el estado de la libertad de expresión en el país, de la que deriva la libertad de prensa. Cualquier pronunciamiento, aunque sea lejano a la violencia, al terrorismo o a cualquier expresión de odio, puede, no obstante, ser tachado de «extremista» por un departamento creado al efecto dentro del Ministerio del Interior, lo que conlleva en ocasiones duras penas de cárcel. También es fácil se acusado por difamación.

De ahí que los medios de comunicación tengan que practicar una autocensura muy estricta. Sin embargo, lo que más limita la libertad de prensa en Rusia es el hecho de que las principales televisiones y grupos mediáticos están en manos de monopolios y empresas leales al presidente. Por eso, al único que se le ve por todas parte es a Putin, no solamente por su cargo, sino también durante las campañas electorales. Navalni aparece en los informativos de televisión solamente cuando es detenido o comparece ante el juez.

Los que en otras ocasiones han disputado a Putin la Presidencia (Ziugánov, Zhirinovski o Mirónov) tampoco han tenido nunca demasiadas horas de espacio en los medios informativos, en comparación con el jefe del Kremlin, que es omnipresente. Esto no se ajusta exactamente a los estándares democráticos occidentales. Hasta los sondeos, elaborados por institutos sociológicos que dependen financieramente del poder, están siempre inflados al objeto de realzar la imagen de Putin.

Se da encima la circunstancia de que el primer mandatario ruso nunca participó en debates con adversarios electorales. Ni cara a cara ni multilaterales. Los evita y consigue crear además un estado de opinión contrario a que el jefe del Estado tenga que «rebajarse» a «chalanear» con «politicastros».