La «megamarcha» de Caracas desafía al aparato represor de Nicolás Maduro en Venezuela

La protesta, que convergerá ante la Defensoría del Pueblo en el centro de Caracas tras partir de 26 puntos distintos de la ciudad, exigirá la destitución de los siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que arrebataron a finales de marzo las competencias de la Asamblea Nacional –que luego restituyeron parcialmente –, así como la convocatoria de elecciones generales.

A la deriva autoritaria del Gobierno se suma la penuria económica en la que se ha hundido el país, con una inflación que el FMI sitúa este año por encima del 700% y una escasez crónica de alimentos y medicinas, además de una inseguridad que se traduce en más de 28.000 asesinatos al año .

En las protestas de las últimas semanas han muerto al menos seis personas, incluido un niño de 14 años, Bryan Principal, que perdió la vida el día 12 de balazo en el abdomen.

Aunque el Gobierno niega la represión violenta, ayer se supo que la Fiscalía había pedido la entrada en prisión de los dos policías implicados en la muerte del joven Daniel Alejandro Queliz en una manifestación contra Maduro en el estado de Carabobo.

Además, entre el 4 y el 16 de abril se han verificado 538 detenciones de manifestantes , según los datos del Foro Penal Venezolano , organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos en el país. De ellos, la mayoría han sido presentadas formalmente ante los tribunales y actualmente se hallan bajo proceso judicial, privadas de libertad o con medidas cautelares restrictivas o sustitutivas de la privación preventiva de la libertad. Del total, 32 han quedado privadas de libertad por órdenes judiciales, señala el Foro.

La marcha de este miércoles será el mayor órdago contra el chavismo desde que estallaran las protestas a raíz del «golpe de estado» del Supremo, tal como lo llamó la oposición. La masiva afluencia esperada ha puesto a la defensiva al régimen, que en los últimos días ha tratado de mantener prietas las filas del ejército para mantener a raya a los manifestantes y ha alentado una contramarcha para frenar el embate opositor.

Maduro también ha exhibido la amenaza de la milicia bolivariana , a cuyos miembros hizo desfilar de uniforme el lunes y a los que garantizó un fusil por cabeza para «tomar» la ciudad en caso de ser derrocado.

La entrega de armas a los civiles ha hecho saltar las alarmas dentro y fuera de Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro , que lo consideró «una acción represiva homicida que incita a la violencia», mientras que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos , mostró su «seria preocupación» por la «militarización» del país y llamó a la «cordura» ante las manifestaciones.

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges , pidió ayer a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a no reprimir con la violencia las protestas pacíficas. «No estamos llamando a la rebelión, al golpe de Estado o al motín contra el Gobierno, lo que pedimos es el fin de los abusos y la represión». Según Borges, la permisividad con grupos «paramilitares y parapoliciales», los denominados «colectivos», generan violencia y caos. «Con ellos se abre la puerta a una subversión», agregó.

Para el coordinador nacional de la MUD, el sociólogo Ángel Oropeza , la pretendida demostración de fuerza de Maduro con la milicia no es más que un reflejo de su «debilidad y desesperación» por el miedo a las marchas de la oposición. Oropeza observó que en el desfile militar del pasado lunes no había ningún soldado de los otros cuatro cuerpos que integran la FANB solo el alto mando militar acompañando a Maduro en la tarima, donde el mandatario pidió lealtades a los militares.

La facción chavista disidente Marea Socialista se ha sumado al repudio de los anuncios de Maduro y rechazó el trato inhumano a detenidos en las protestas, como el infligido a los gemelos Alejandro y Juan Sánchez, a los que Maduro mostró en un vídeo delataban a opositores bajo tortura.

Los objetivos de la oposición recibieron ayer un importante espaldarazo internacional. Once países latinoamericanos pidieron a Maduro que convoque de inmediato a elecciones y termine con la crisis actual. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay «exhortaron» al «Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que rápidamente se definan las fechas para dar cumplimiento al cronograma (calendario) electoral que permita una pronta solución a la grave crisis» que atraviesa el país.

Como era previsible, Cuba, Ecuador, Bolivia y Nicaragua no firmaron el comunicado, que, además, exige garantías para que los venezolanos ejerzan «el derecho a la manifestación pacífica, tal y como consagra la Constitución». A renglón seguido, los firmantes instan a la oposición a ejercer «con responsabilidad su derecho».

La reacción chavista no se hizo esperar. El Ejecutivo calificó de «grosera injerencia» la misiva, además de considerar «vulgar, el doble estándar y selectividad política de estos Gobiernos para avalar la violencia vandálica de la oposición». La ministra de Asuntos Exteriores, la polémica Delcy Rodríguez, añadió en Twitter que la petición de los países del bloque, «violentan leyes internacionales para apadrinar el intervencionismo».