Un manifestantes es de tenido por las fuerzas de seguridad durante la protestas del año pasado en Venezuela
Un manifestantes es de tenido por las fuerzas de seguridad durante la protestas del año pasado en Venezuela - EFE

Amnistía Internacional denuncia más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y 2017 en Venezuela

Amnistía Internacional acusa al Gobierno de Maduro de no proteger a los jóvenes pobres frente a la delicuencia y la represión policial

MADRIDActualizado:

En Venezuela ser joven y vivir en un barrio pobre implica tener muchas probabilidades de morir asesinado, ya sea a manos de la delincuencia armada o de las fuerzas de seguridad que tratan de combatirla, según denuncia Amnistía Internacional, que acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de no hacer lo suficiente para garantizar el derecho a la vida y la integridad personal de sus ciudadanos.

En su informe «Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela», Amnistía Internacional denuncia que el Estado venezolano no sólo no garantiza la vida y seguridad en un contexto alarmante de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia.

Las víctimas: hombres jóvenes y pobres

El resultado de ello fueron más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017, según el informe. En 2017, al menos el 95 por ciento de las víctimas de homicidios, tanto a manos de la delincuencia como de las fuerzas de seguridad, fueron hombres jóvenes entre 12 y 44 años de edad que vivían en los barrios más pobres del país.

«Vivir en una barriada y ser un joven ya es el primer vinculante para que te maten. Es decir, ya no puedes ser joven porque, ¿con quién están acabando? Con la juventud», se queja en el informe Jennifer Rotundo, cuyo hijo Luis Ángelo Martínez murió presuntamente a manos de funcionarios policiales. En 2017, el 60 por ciento de las víctimas tenían entre 12 y 29 años.

«Los malos que hay aquí en este país son la gente pobre, como nosotros, porque (a quienes) ellos (los cuerpos de seguridad) atacan es a la gente pobre, al pueblo», lamenta por su parte Claudia Villareal, cuyo hijo Luis Leal Villareal también murió a manos de un policía. «Entre ellos (los funcionarios) no se atacan», denuncia.

En este sentido, la directora de Amnistía en las Américas, Érika Guevara Rosas, recuerda que «el Gobierno del presidente Maduro debe garantizar el derecho a la vida, en vez de quitársela a la juventud del país». «Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro, y no vivir con el temor de que policías o militares les vean como enemigos que deben erradicar», añade.

Récord de homicidios

Venezuela registró en 2016, según los datos recabados por Amnistía, el índice de homicidios más alto de la historia, con más de 21.700 muertos, lo que supone 70,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2017, aunque el Gobierno ha ofrecido datos incompletos, se estima que hubo 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra superior a la registrada en El Salvador y el triple de la que hubo en Brasil.

La ONG estima que solo en 2016 entre 65.000 y 87.000 personas fueron víctimas de la violencia, si se tiene en cuenta que por cada persona que muere por violencia armada, sobreviven tres o cuatro. El 87 por ciento de los homicidios que hubo ese año se cometieron con armas de fuego y el 22 por ciento, o lo que es lo mismo, 4.667 homicidios, fueron cometidos por efectivos de las fuerzas de seguridad.

Asesinados en casa

La mayoría de las víctimas son asesinadas en sus hogares en presencia de sus familias y por disparos en el tórax, la cabeza y el cuello. «El tiro siempre es en el tórax. Ya ellos saben dónde van a dar el tiro (...) es como una pena de muerte», se queja Asdrúbal Granados, que también perdió a un hijo a manos de la actuación policial. «No hay razón para que ellos desenfunden el arma, esa debería ser la última medida y aquí no hay pena de muerte», coincide Claudia Villareal.

Por otra parte, Amnistía Internacional ha observado que pese a que en los últimos 17 años el Gobierno ha aplicado al menos 17 planes de seguridad, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos, ni tampoco ha investigado, sancionado ni reparado los derechos conculcados de las víctimas.

Al contrario, sostiene la ONG, desde el Gobierno se ha manifestado públicamente que asesinar personas en el marco de operativos de seguridad es una práctica exitosa, cuando esto constituye un evidente retroceso en la garantía de Derechos Humanos, además de ir en contra de la ley de procedimiento policial.

Uso excesivo de la fuerza

«Es alarmante que, en vez de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a la gente y reducir los índices de inseguridad, las autoridades venezolanas usen un lenguaje bélico para intentar legitimar el uso excesivo de la fuerza, y en muchos casos intencionalmente letal, por parte de agentes policiales y militares», subraya Guevara Rosas.

La responsable de Amnistía defiende que «el Gobierno debe poner en marcha con urgencia un programa nacional para reducir los homicidios e implementar de forma efectiva un modelo policial que contemple la regulación del uso proporcional y diferenciado de la fuerza y las armas, con pleno respeto de las normas y estándares del Derecho Internacional de Derechos Humanos».

Impunidad

Por ello, Amnistía pide al Gobierno venezolano que ponga en marcha un plan de seguridad que además garantice el respeto del derecho a un juicio con todas las garantías y en especial la erradicación del retraso procesal y las fallas dentro del sistema de justicia penal venezolano. Según la ONG, el 98 por ciento de los casos de violaciones de Derechos Humanos quedan impunes, y el 92 por ciento de los casos de delitos comunes tampoco son sancionados.

Asimismo, sostiene que las autoridades venezolanas deben reducir los altos niveles de impunidad en casos de violaciones de Derechos Humanos y de homicidios, y asegurar que los familiares obtengan justa reparación, incluida una indemnización adecuada, apoyo psicosocial y garantías de no repetición.