Lobo, presidente de Honduras tras siete meses de crisis
EFE Lobo y el presidente dominicano, Leonel Fernández, en la embajada brasileña junto al depuesto Zelaya

Lobo, presidente de Honduras tras siete meses de crisis

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TERESA PLATEROS

SERVICIO ESPECIAL

CIUDAD DE MÉXICO. El empresario agrícola conservador Porfirio Lobo asumió ayer la Presidencia de Honduras siete meses después del golpe de Estado con el que Roberto Micheletti desalojó a José Manuel Zelaya. La larga crisis institucional ha dejado aislada, en entredicho y muy malparada a la democracia en el país centroamericano.

Lobo, de 62 años, recibió del presidente del Congreso hondureño, Juan Orlando Hernández, la banda presidencial blanquiazul en una ceremonia celebrada en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Ayer fue un día de paradojas. El nuevo presidente prometió fidelidad a las leyes tras un muy cuestionado proceso plagado de actuaciones fuera de la ley manejado por el mandatario saliente, Micheletti, del Partido Liberal, quien logró marginar durante los últimos meses al hasta ayer presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya.

Zelaya abandona el país

«Prometo ser fiel a la República y cumplir y hacer cumplir las leyes», fueron las primeras palabras de un Lobo avalado por el Partido Nacional que queda al frente de un país con una economía débil y que ayer mismo abandonó el «eje de Chávez», la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), a la que se había adherido en agosto de 2008.

La ceremonia oficial fue deslucida, con la presencia de sólo tres presidentes: el de la República Dominicana, Leonel Fernández; el de Panamá, Ricardo Martinelli; y el de Taiwán, Ma Ying-jeou. Asistieron representantes de una veintena de países y de la Unión Europea. Tras asistir a la investidura el dominicano Fernández hará efectivo el acuerdo alcanzado con Lobo la semana pasada, que permitirá a Manuel Zelaya dejar su país y exiliarse como huésped distinguido en la República Dominicana.

El primer acto político del nuevo presidente Lobo fue aprobar un decreto de amnistía, preparado por el Congreso, que aspira a ser una ley de «punto final». Concede un «perdón del Estado» a cualquier persona involucrada en posibles delitos de índole política tras el golpe de estado.