Latinoamérica, la región mundial que más cae en índice de democracia

Solo dos países americanos fueron catalogados por ese índice como «democracia plena»: los habituales Costa Rica y Uruguay . En el último año, Chile perdió esa consideración y bajó un escalón, a «democracia defectuosa», mientras que Ecuador, México y Paraguay cayeron de ahí a un estadio por debajo: «régimen híbrido». Por su parte, Haití descendió al cuarto y último nivel –«régimen autoritario»–, en que ya se encontraban Cuba, Venezuela y Nicaragua . Este último país es el que más puntos ha perdido, desplomándose al puesto 140 en el mundo (de entre 167).

En su valoración, « The Economist » tiene en cuenta cinco categorías y en todas ellas Latinoamérica empeoró el año pasado: muy especialmente en cultura política, pero también en proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política y libertades civiles. El índice atribuye parte de ese declive democrático al descontento social que ha generado en todo el mundo la gestión gubernamental de los aspectos sanitarios y económicos de la pandemia, pero señala también un movimiento de fondo: el ascenso de China está avalando comportamientos iliberales en todo el planeta. De forma que la pandemia simplemente ha «amplificado» una tendencia previa, que en Latinoamérica ya se había adelantado a otras partes del mundo con el populismo bolivariano.

El deterioro democrático es especialmente evidente en Centroamérica, en su mitad norte –Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua–, y ocurre con gobiernos de diferentes colores políticos: desde la derecha guatemalteca y la que gobernaba hasta ahora en Tegucigalpa (y no es que la actual izquierda hondureña hubiera dado un gran ejemplo en su anterior etapa gubernamental), al supuesto izquierdismo de Daniel Ortega y el populismo incalificable de Nayib Bukele (fue alcalde de San Salvador con el FMLN, pero ahora defiende posturas contrarias).

Nunca fueron países de excelencia institucional, pero el fin de los movimientos guerrilleros y las guerras civiles, tras los que la izquierda y la derecha se moderaron y abrazaron una democracia liberal abierta, había permitido durante gran parte de las dos últimas décadas un parlamentarismo decente. Incluso para luchar contra la corrupción, que corroe los valores democráticos, algunos países habían aceptado la «tutela» de la ONU o de la OEA para investigar y perseguir comportamientos nocivos. Las trabas y la aniquilación de las comisiones CICIG (Guatemala) y MACCIH (Honduras), así como la nula operatividad de la posterior CICIES (El Salvador), han sido precisamente la prueba del canario en la mina.

El colapso de esas comisiones ha sido sustituido por el señalamiento directo desde Estados Unidos de aquellos dirigentes políticos y sociales más implicados en la corrupción, en lo que constituye la Lista Engel. Pero esto no ha tenido, al menos de momento, las consecuencias aleccionadoras que Washington buscaba, sino que está provocando un mayor atrincheramiento de los gobernantes centroamericanos y una creciente tensión de Guatemala y de El Salvador con Estados Unidos. En Honduras la Justicia estadounidense ha terminado pidiendo la extradición del hasta ahora presidente Juan Orlando Hernández (le respetó durante su presidencia: no hay que olvidar que EE.UU. se beneficia de la base militar que tiene en Honduras). Y con Nicaragua las relaciones están rotas ya hace tiempo (la única represalia creíble sería la salida de ese país del CAFTA, el acuerdo de libre comercio entre América Central y Estados Unidos que tanto beneficia a Managua).

La senda del progreso democrático en el que estaba México (algo zigzagueante, pero obligada por los estándares de la confluencia con EE.UU. y Canadá que propiciaba el acuerdo de libre comercio de Norteamérica) también se ha interrumpido con el populismo de Andrés Manuel López Obrador. El triunfo de la izquierda en Chile no tiene por qué afectar negativamente, a pesar de que nace de una confrontación de barricadas, si acaba dominando su componente más moderada y no cae en un populismo que lesiones las instituciones chilenas. Sin embargo, con menor tradición institucional, en Colombia cabe un populismo destructivo si triunfa el candidato Gustavo Petro en las presidenciales de este año.

En países sudamericanos gobernados por la derecha también ha habido empeoramientos de la salud democrática, abanderados muy directamente por el presidente, como es el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, o fruto de la confrontación política en el propio país, con responsabilidad igualmente de la oposición, como es el caso de Ecuador.

En algunas de esas naciones la situación puede revertirse para bien, pero ha pasado ya el momento en el que la influencia externa y el «Zeitgeist» empujaban hacia la democracia liberal. Ese empuje y la bonanza económica que hubo en gran parte del continente debían haber contribuido a una consolidación de las instituciones democráticas. No fue así, y esa ventana de tiempo se ha cerrado.