2021, el año de la inmigración como arma de presión masiva contra la UE

La instrumentalización de los movimientos de población por parte de los estados contra sus vecinos es todo un clásico. Tanto que existe un concepto intraducible –‘weaponisation’ (Kelly Greenhill, 2010), del inglés ‘arma’– que refleja la intención ofensiva de tal práctica, dotada en las últimas dos décadas de una profunda dimensión política: la de utilizar la inmigración para presionar a otros países con el fin de obtener dinero, concesiones, indulgencia, una mejor posición negociadora. Lo que viene a ser coerción y chantaje. La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, ha hablado de «uso de seres humanos en un acto de agresión». Algo que se ajusta a la perfección a lo que en este 2021 han lanzado directo a la UE una vez más Turquía y Marruecos y como novedad Bielorrusia, que ha estrenado la modalidad no solo de empujar refugiados a la Unión por el flanco este, virgen hasta ahora de este fenómeno, sino incluso de ir a reclutarlos fuera de su propio mapa, básicamente al Kurdistán.

Que se haya producido este ataque múltiple no es casualidad. Europa está siendo víctima de sí misma. «Estos actores se están aprovechando de la estrategia de la UE en política migratoria , la principal de las cuales consiste en externalizar la gestión del control de fronteras, lo que significa ponerse en manos de terceros países. Sumado a que el discurso europeo ha definido la inmigración como un problema de seguridad, te muestra totalmente vulne- rable, algo de lo que esos países son perfectamente conscientes», explica el profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Augusto Delkáder. Luego la extorsión está servida. Y el camino, marcado desde que en 2008 Italia pagó a la Libia de Muamar al Gadafi 5.000 millones de dólares por ejercer de muro de contención para que los subsaharianos no alcanzaran el Mediterráneo, una cifra que el dictador siguió exigiendo siempre a Bruselas a cambio de evitar una «Europa negra», dijo.

La táctica no falla. Ankara logró en 2016 un acuerdo de 6.000 millones a cambio de frenar a los miles de huidos de Siria e Irak. Bajo amenaza de volver a mandarlos a las puertas de Grecia, como en 2020 –«Turquía no es un motel de inmigrantes», palabras en agosto de Recep Tayyip Erdogan–, ha forzado a la UE a dejar de criticar sus operaciones militares en Siria y a recular respecto a un posible embargo de armas, amén de conseguir 3.000 millones más de Bruselas.

En arrancar a la Unión otro buen cheque y privilegios varios está también España, pero como valedora de Rabat, que en mayo ensayó una invasión de Ceuta al encajarle a través de la valla a casi 10.000 de sus propios súbditos en cosa de horas. Hacía poco que Donald Trump había reconocido la soberanía marroquí sobre el Sahara y el líder del Frente Polisario estaba entonces hospitalizado en Logroño por cortesía del gobierno de Pedro Sánchez. Que, no se olvide, corrió a prescindir de la ministra de Asuntos Exteriores por aquello de aplacar la ira de Mohamed VI, todo un experto en ‘weaponizar’ lo que haga falta para recordar a Madrid quién maneja el grifo migratorio.

Pero lo de Minsk es el siguiente nivel, un paso más allá. Desde el Real Instituto Elcano, la investigadora principal de las áreas de Opinión Pública y Migraciones, Carmen González Enríquez, subraya que se trata de «un caso muy diferente: Marruecos o Turquía son países de paso de la inmigración, pero lo que ha hecho Bielorrusia es fabricar completamente una ruta: ha ido a los países de origen , fletado aviones, con el objetivo de presionar a la UE enviándole inmigrantes a sabiendas de que los va a rechazar». De ese modo, si el propósito de Aleksandr Lukashenko era sacudirse las sanciones y obligar a Bruselas a rendirle reconocimiento, por ahora «no ha conseguido absolutamente nada», subraya la también catedrática de la UNED, pero sí exponer costuras muy vergonzantes de la Unión. Una considerable victoria.

Bielorrusia, explica el profesor de Derecho Constitucional y Migratorio de la Universitat de Barcelona David Moya, ha despertado la pulsión por la seguridad de los estados, «llevándoles a ponerse a su mismo nivel». Esto es, frente a la rematada falta de respeto a los derechos humanos de Minsk manipulando refugiados, Polonia recurrió al guante de hierro . «Tuvo que establecer un estado de excepción aún en curso, que limita el acceso a la frontera de la prensa, de las ONG, limita el movimiento de sus ciudadanos... y aparte aplicó medidas represivas de devolución en caliente», describe el experto. No es un caso único.

En España, durante la crisis ceutí, Sánchez ya había reaccionado repatriando menores a Marruecos, «un mecanismo extraordinario ante un hecho extraordinario, pero que desbordó la ley», recuerda Moya, tal y como determinó la juez que ordenó parar de inmediato. Cabe señalar que hasta Frontex, la agencia europea de fronteras, está siendo investigada por expulsiones exprés en Grecia y retornos en el Egeo a lo largo de 2020 y principios de este año.

Impulsar a las democracias de la superioridad moral y la legitimidad del estado de derecho a defenderse con violencia o con tretas al margen de las leyes tiene mucho de triunfo para los regímenes autoritarios. Se frotan las manos. «Por eso hay que acudir a medidas más inteligentes, la primera de todas es actuar con el apoyo de la Unión (...) como un bloque de 500 millones de habitantes», aconseja el profesor, que tilda de «jugada maestra» que Bruselas cerrara filas con Polonia de palabra y de obra, previendo por ejemplo castigos para las aerolíneas cómplices de Lukashenko, lo que finalmente fue clave para cortar la importación de refugiados orquestada por Minsk. Y, de paso, para mostrar a la díscola Varsovia –la misma que junto a húngaros, eslovacos y checos veta implacablemente cualquier tipo de reparto solidario de inmigrantes en el seno de la UE– que «su soberanía nacional no es capaz de imponerse a presiones como las de Bielorrusia si no es a partir del respaldo de Bruselas». Por si tenían duda de dónde les llevaría un ‘Polexit’...

Este planteamiento imperfecto de externalización de las fronteras, por el cual la Europa comunitaria paga a otros por hacer el trabajo sucio y así no tener que construir más muros, tiene difícil sustitución. «No hay alternativa», zanja Carmen González Enríquez, « abrir vías legales para la inmigración lo es solo en parte , porque es verdad que hay que crearlas, pero eso no quiere decir que la UE, sus miembros, sus sociedades, estén dispuestas a recibir toda la población que querría inmigrar, ya sea por razones económicas o como peticionarios de protección internacional».

Cabe sospechar que la ‘weaponización’ ha venido para quedarse. «Lo llevamos viendo hace 20 años y va a seguir pasando de forma cíclica, trasladándose de un lugar a otro de las fronteras, porque aparecen nuevos países que saben hacerlo y van a seguir haciéndolo », avanza el profesor Augusto Delkáder.

David Moya avisa también de que «los conflictos que están surgiendo en Afganistán, en Siria o en Ucrania, impactarán en la UE porque generarán refugiados», si bien añade que aparte de la contestación unánime de la UE, para disuadir a los estados vecinos de explotar en provecho propio esos flujos, se puede hacer más. Y ya se está haciendo.

Remite el experto particularmente al Pacto Europeo de Inmigración y Asilo y a la propuesta de normativa sobre situaciones migratorias extraordinarias, que busca «afinar los marcos de intervención»: qué podrá hacerse y qué no en caso de crisis, para que no haya que improvisar. «Eso es una senda muy peligrosa», alerta, pero mejor que no tener una regulación, que además desincentivará la manipulación de la inmigración, como se espera lo haga la batería de sanciones comerciales o las previstas en la ‘ley Magnitsky europea’ de 2020 por violación de los derechos humanos que ya se están aplicando. «Soft power», lo llaman. Guerras sin ejército, más lenta.