Francia anuncia la mascarilla obligatoria en espacios cerrados a partir del lunes

Ante la aparición de nuevos focos de propagación del coronavirus, nacionales e internacionales, en la Bretaña francesa o la Cataluña española, Olivier Véran, ministro de Sanidad, decidió insistir la tarde del sábado, recordando a través de su cuenta Twitter, la obligatoriedad del uso de mascarillas, a partir del lunes.

El uso de mascarillas se generalizó muy pronto, en Francia, la primavera pasada. El gobierno aconsejó su uso de manera sistemática. Comercios, bares, restaurantes, bancos, oficinas, instituciones, usan sistemáticamente las máscaras, pero… hay una cierta liberalidad en el uso particular. Ese el punto esencial: imponer el carácter obligatorio, desde el lunes.

La Federación Nacional del Comercio y la distribución se apresuró a confirmar, el miércoles, que todas las grandes marcas, cadenas y redes de distribución impondrán la obligatoriedad de la mascarillas, para sus empleados y clientes. Ya era una práctica aceptada y cumplida, antes de la decisión gubernamental. Pero es cierto que bares, terrazas y comercios de proximidad (callejeros) han sido incapaces de exigir a todos sus clientes el uso de mascarillas.

En varias regiones y capitales de provincias, el uso de máscaras ya se había implantado en lugares cerrados (oficinas de servicios públicos o privados), imponiéndose naturalmente desde hace días. Sin embargo, la multiplicación de «excepciones» justifica, a juicio del Gobierno, la necesidad de insistir en el uso obligatorio, a partir del lunes.

Desde el principio del desconfinamiento el incumplimiento del uso de mascarillas estaba castigado con 135 euros . Desde hace semanas, el comportamiento cívico de la inmensa mayoría de los ciudadanos ha hecho innecesario recurrir a esa medida coercitiva. El uso de máscaras se ha cumplido muy sistemáticamente.

En principio, 135 euros seguirá siendo la multa «tipo» en caso se incumplimiento de la decisión gubernamental, como la primavera pasada. En caso de incumplimiento reiterado el gobierno decidió decretar multas de hasta de 3.750 euros y seis meses de cárcel en casos que la autoridad competente considerase justificados. Hasta ahora, se trata de medidas disuasivas que han cumplido con eficacia esa primera función.