Bolsonaro firma un decreto que facilita la posesión de armas de fuego en Brasil

El presidente cumple por decreto una de sus principales promesas electorales

Corresponsal en Sao PauloActualizado:

Por decreto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha cumplido una de las promesas que más importantes de su campaña electoral, facilitar la posesión de armas de fuego en el país.

La norma, anunciada el martes, da mayor acceso a la tenencia de armas, un tema polémico en Brasil, un país con altos índices de delincuencia y que el año pasado registró su récord de asesinatos, con 63.880 personas, un promedio de 175 casos por día.

«El pueblo decidió por comprar armas y municiones y nosotros no podemos negar lo que el pueblo quiso en ese momento», declaró el mandatario ultraderechista al firmar el decreto. Bolsonaro, que durante su campaña simulaba disparar un arma como uno de los símbolos de su candidatura, se refería al referendo realizado en el 2005, cuando el 63% de los brasileños votó a favor del comercio de armas, tras la aprobación del Estatuto de Desarme.

«Como el pueblo soberanamente decidió por ocasión del referéndum de 2005, para garantizarles ese legítimo derecho a la defensa. Yo, como presidente, voy a usar esta arma», afirmó Bolsonaro mostrando el bolígrafo con el que firmaba el decreto.

La política de «armas para todos» permite que cada brasileño pueda comprar hasta cuatro armas, a no ser que demuestre la necesidad de una cantidad mayor. Quienes tengan niños o personas con discapacidad mental a su cargo, tendrán que comprobar que tienen un lugar seguro para guardar las armas.

Flexibilización sin porte

La flexibilización de la ley permite, además, que se haga el registro sin necesidad de autorización policial y ampliará la renovación de la licencia de tres a cinco años. El decreto, publicado el miércoles en el Diario Oficial, también ofrece amnistía y renovación automática a quienes tengan el registro caducado, lo que representa unos ocho millones de armas. La medida, sin embargo, no permite portar armas en la calle.

La legislación vigente ya permitía la posesión de armas a mayores de 25 años sin antecedentes penales y con una ocupación lícita, que demostrasen capacidad psicológica y justificaran la necesidad, un criterio que, según Bolsonaro, era muy subjetivo, y ahora será menos rígido.

Según un sondeo del instituto Datafolha difundido en diciembre, el porcentaje de brasileños que considera que la tenencia de armas tiene que ser «prohibida por representar una amenaza a la vida de otras personas» aumentó del 55% al 61% entre la elección de Bolsonaro, en octubre, y la víspera de su investidura, el primero de enero.

Decisión polémica

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, criticó la política vigente y destacó que la ley es limitada. «La política anterior no significó una disminución relevante de la reducción de los homicidios en Brasil. si la política de desarme fuese tan exitosa, el país no hubiera batido año a año recordes en el número de homicidios», explicó.

Esta es la primera de una serie de medidas que Bolsonaro debe presentar, su intención es liberar el porte de armas en la calle, buscando que el «ciudadano de bien», como llama a los electores, pueda defenderse.

La polémica del día la levantó el ministro de la Presidencia, Onyx Lorenzoni, mano derecha de Bolsonaro, al comparar un arma de fuego con una licuadora, al responder sobre el peligro que representan para un niño.

«A veces vemos un niño pequeño que pone el dedo en la licuadora, la conecta y pierde el dedito. ¿Y por eso vamos a prohibir la licuadora? Es una cuestión de educación y orientación», dijo Lorenzoni a la prensa tras la firma del decreto.

De acuerdo con el decreto, las casas donde vivan niños, adolescentes y discapacitados mentales deberán tener una caja fuerte para guardar las armas. Empresas y representantes de la industria de armas celebraron la medida, mientras especialistas en seguridad pública, la criticaron.

El presidente del Foro Brasileño de Seguridad Pública, el sociólogo Renato Sérgio de Lima, advirtió que la decisión puede agravar la violencia.

«Combatir la violencia y la criminalidad debe ser una prioridad, pero no transfiriéndole al ciudadano las obligaciones constitucionales del Estado», cuestionó la excandidata presidencial Marina Silva, que considera que la norma favorece la «justicia con las propias manos».