Ultimátum al juicio contra el presidente de Kenia por crímenes contra la humanidad

En 2012, el TPI confirmaba los cargos y la apertura de un proceso por crímenes contra la humanidad a Kenyatta, a quien se acusa de subvencionar a las turbas que provocaron masacres durante la campaña electoral de 2007-2008, así como de orquestar los ataques que tuvieron lugar en el Valle del Rift. En aquel momento, más de 1.100 personas perdieron la vida y miles fueron desplazadas de sus hogares. Sin embargo, a pesar de las acusaciones, Kenyatta se imponía de forma mayoritaria en las elecciones presidenciales de marzo de 2013.

En este tiempo, la fiscalía asegura que no se le ha facilitado acceso a los registros financieros de Kenyatta, prueba capital para saber si éste pagó de forma indirecta grandes sumas de dinero a los autores de una ola de violencia postelectoral.

«Testigos de la causa de Kenia están desapareciendo», denunciaba a ABC Paul Muite, abogado de miembros destacados del grupo mafioso mungiki, utilizado (presuntamente) como «mercenarios» para llevar a cabo las represalias.

Hijo del primer presidente de Kenia, Jomo Kenyatta, la fama de Uhuru («libertad», en swahili), eso sí, no se debe tan solo a sus problemas con la Justicia Internacional.

Considerado uno de los 30 africanos más ricos del continente (su fortuna se calcula en cerca de 350 millones de euros), las ansias de poder de este miembro de la tribu kikuyu, principal etnia del país, caminan de manera paralela a lo ostentoso de su nombre.

Ya en 2002, Uhuru concurriría como candidato a sus primeras elecciones presidenciales. Sin embargo, la derrota frente al también kikuyu Mwai Kibaki, motivaría su posterior apoyo electoral al mandatario keniano en los siguientes comicios. Precisamente, el origen de los disturbios de 2007-2008, se encuentra en las acusaciones de fraude emitidas por el candidato Raila Odinga contra su rival Kibaki, tras ser derrotado en unas elecciones en las que partía como favorito.

Un cambio de cartas que le sirvió a Kenyatta para desempeñar la cartera de Finanzas y el cargo de viceprimer ministro en el gabinete victorioso.

A finales del pasado año, la Unión Africana había pedido el aplazamiento del juicio. De igual modo, exigió a La Haya que los gobernantes en el cargo no fueran juzgados hasta cumplir su mandato.

Solo unos meses antes, en mayo, la organización acusaba a la TPI de «cazar» a los ciudadanos de África debido a su raza.

«El 99% de los casos del TPI es contra africanos», denunciaba entonces el primer ministro etíope y presidente de turno de la organización, Hailemariam Desalegn.

La reacción fue evidente. En septiembre 2013, el Parlamento de Kenia aprobaba una moción para abandonar el Estatuto de Roma, tratado fundacional del TPI, tan solo unos días antes de que comenzara el juicio contra el vicepresidente Ruto, quien, como Kenyatta, también debe afrontar una causa por crímenes de lesa humanidad.