El TPI acusa de «puro obstruccionismo» al Gobierno de Kenia

En este tiempo, la fiscalía asegura que no se le ha facilitado acceso a los registros financieros de Kenyatta, prueba capital para saber si éste pagó de forma indirecta grandes sumas de dinero a los autores de una ola de violencia postelectoral.

«Hace casi ya dos años que hemos pedido este material», aseguró el abogado de la fiscalía, Ben Gumpert.

«Estamos bajo la obligación de perseguir nuestras investigaciones (…), pero valoramos la posición del Gobierno de Kenia de puro obstruccionismo», agregó.

Ya el pasado mes de octubre, la Unión Africana había pedido el aplazamiento del juicio contra el presidente Kenyatta. De igual modo, la UA exigió a La Haya que los gobernantes en el cargo no sean juzgados hasta cumplir su mandato.

Solo unos meses antes, en mayo, la organización acusaba a la TPI de «cazar» a los ciudadanos de África debido a su raza.

«El 99% de los casos del TPI es contra africanos», denunciaba entonces el primer ministro etíope y presidente de turno de la organización, Hailemariam Desalegn.

La reacción fue evidente. A comienzos de septiembre, el Parlamento de Kenia aprobaba una moción para abandonar el Estatuto de Roma , tratado fundacional del TPI, tan solo unos días antes de que comenzara el juicio contra el vicepresidente del país, William Ruto, quien, como Kenyatta, también debe afrontar una causa por crímenes de lesa humanidad.

En la actualidad, el TPI cuenta con siete causas abiertas en el continente africano (más una investigación iniciada), aunque tan solo una condena: En julio de 2012, el Tribunal sentenciaba al exlíder rebelde congoleño Thomas Lubanga a 14 años de prisión por reclutar a niños soldado entre 2002 y 2003 en la República Democrática del Congo.

De igual modo, desde 2010, el exvicepresidente del Congo Jean-Pierre Bemba afronta una causa por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por sus tropas en la República Centroafricana.