Un informe responsabiliza a Maduro de la «brutal represión» en Venezuela

El presidente de HRW para América, José Miguel Vivanco, precisó que el informe se abstiene de emitir un juicio sobre si se puede calificar a Maduro de «autor» de brutalidad de la represión, pero le adjudicó pleno conocimiento de los abusos que se estaban cometiendo y completa cobertura de la actuación tanto de las fuerzas del orden como de los grupos civiles armados que actuaron en colaboración con estas. «Maduro no pudo ignorar los hechos, y utilizó contra los manifestantes los mismos epítetos de fascistas y traidores a la patria que repetían las fuerzas del orden al golpear a los detenidos», dijo Vivanco.

«Nuestro trabajo nos permite concluir que los abusos no fueron casos aislados o excesos de miembros insubordinados de las fuerzas de seguridad, sino que formaron parte de un patrón más extendido (…) Los abusos formaron parte de una práctica sistemática de las autoridades de seguridad venezolanas», indica el informe, de 103 páginas.

Titulado «Castigados por protestar», el informe de HRW documenta 45 casos en los que hubo un total de 150 víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, cometidas por agentes de la Guardia Nacional, por la Policía Nacional y por policías de los estados. Personal de la organización se desplazó a Caracas y varios estados para hablar con las víctimas, sus familias y abogados. El estudio no se ocupa de los 41 muertos, cuyo fallecimiento el Gobierno dijo comprometerse a esclarecer.

De las entrevistas con las víctimas, que en muchos casos pudieron presentar fotografías y vídeos de las agresiones sufridas, sale un cuadro «espeluznante», según Vivanco. «Miembros de las fuerzas de seguridad recurrieron al uso ilegítimo de la fuerza, que incluyó disparar y golpear brutalmente a personas que no estaban armadas. Casi todas las víctimas fueron además arrestadas y, mientras permanecieron detenidas, sufrieron abusos físicos y psicológicos. En al menos diez casos, los abusos claramente constituyeron tortura», se dice en el informe.

En cuanto a la violencia en las detenciones, se indica que los abusos más comunes fueron «golpear violentamente a personas que no estaban armadas; disparar armas de fuego, perdigones y cartuchos de gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud, y disparar perdigones deliberadamente y a quemarropa contra personas que no estaban armadas, incluso, en algunos casos, cuando ya estaban bajo custodia de las autoridades».

Entre los casos que el informe hace expresa mención está el de Moisés Guánchez, de 19 años, que cuando fue detenido un guardia nacional le disparó con perdigones a la cabeza, hiriéndole en el brazo, con que se había protegido la cara. Al caer al suelo, dos guardias se turnaron para golpearlo «hasta que un tercero se acercó y le disparó a quemarropa en la entrepierna con perdigones». Guánchez tuvo que sufrir tres transfusiones de sangre y someterse a operaciones en el brazo, la pierna y uno de sus testículos.

HRW también denuncia la participación en la represión de pandillas civiles armadas, alineadas con el Gobierno y conocidas en Venezuela como «colectivos». Esos grupos dispararon con armas cortas contra manifestantes en un plan compartido con las fuerzas de seguridad. La actitud de las autoridades hacia esos grupos fue «desde la aquiescencia y la inacción hasta directamente la colaboración». Vivanco destacó que en varios discursos televisados el propio Maduro alentó a los «colectivos» a actuar contra los manifestantes.

Una vez en poder policial, de acuerdo con HRW, las víctimas fueron llevadas a instalaciones militares, donde siguieron las agresiones: palizas con puños, cascos y armas de fuego; descargas eléctricas o quemaduras; inspecciones corporales invasivas y amenazas de muerte o violación sexual. A Juan Sánchez, de 22 años, le llevaron a un cuartel con la pierna sangrando. Allí una guardia le metió los dedos dos veces en la herida, luego le esposaron a una barra de metal y le aplicaron descargas eléctricas.

Los detenidos vieron violadas además las garantías procesales que les amparaba la Constitución, como describe HRW: en muchos casos fueron trasladados de un lugar de detención a otro para dificultar ser encontrados por la familia o los abogados, hubo fabricación de pruebas, las audiencias se convocaron a media noche, los abogados solo tuvieron diez minutos para estar con sus defendidos, entre otros atropellos de los derechos individuales. Todo esto se hizo «con la asistencia cómplice de jueces y fiscales, que no objetaron contra todas esas violaciones del proceso», destaca Vivanco.