Malestar de Argentina por las críticas de la ONU a la reforma de la Justicia de Kichner

El Ministerio de Exteriores argentino consideró en un comunicado que «los términos del mismo se apartan, no sólo de los estándares de ética profesional e independencia esperados de una relatora especial, sino que, por su falta de imparcialidad, mesura y equilibrio, representa un desvío del mandato encomendado a la misma».

«Convirtió a la ONU en fiscal , juez y verdugo contra un país miembro»Así, indicó que «resulta paradójico que quien ha recibido el mandato de proteger la independencia de abogados y jueces, atropelle principios básicos del derecho, prejuzgando y adelantando conclusiones sin haber recibido las respuestas a las preguntas que planteó al Estado argentino». En primer lugar, recordó que, una hora después de que Knaul hiciera una solicitud formal de información sobre la reforma de la Justicia, las autoridades argentinas dijeron que «todas las preguntas serían contestadas de inmediato». «A pesar de la predisposición a cooperar de Argentina, la relatora especial emitió un comunicado sin contar con dichas respuestas, con lo que convirtió a Naciones Unidas en fiscal, juez y verdugo contra un país miembro», sostuvo.

La Cancillería reiteró asimismo que Argentina, «en su espíritu de cooperación con Naciones Unidas y consecuente con su reconocido rol de liderazgo internacional en la promoción de los Derechos Humanos, responderá a las inquietudes que plantean estos proyectos de ley».

En segundo lugar, consideró que Knaul « manifiesta su ignorancia o parcialidad política al recomendar un diálogo participativo e inclusivo». «Seguramente desconoce que fue la propia sociedad civil quien propuso y obtuvo varios de los cambios que fueron incorporados a los proyectos en debate», señaló.

También apuntó que «la posición de la relatora especial es similar a quienes hoy desde la oposición claman por una supuesta ilegalidad pero que cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar votaron leyes con falsos diputados o con el supuesto pago de prebendas en lo que se llamó "Ley Banelco" (reconocida tarjeta de débito)». «La relatora especial parece desconocer que un grupo de la sociedad civil decidió manifestarse en las calles de Buenos Aires y que el Poder Ejecutivo le garantizó la más absoluta seguridad, tal y como debe ocurrir en una democracia, mientras que en dos marchas contra el Gobierno de Fernando de la Rúa (hoy principal partido opositor) fueron asesinadas 32 personas por las fuerzas represivas», señaló.

Visto bueno del Senado

Por todo ello, la Cancillería sugerió a Knaul que utilice el tiempo que queda hasta que las autoridades argentinas contesten sus preguntas «para meditar si su actitud no la descalifica para seguir actuando en el tema en cuestión».

En las últimas semanas, el Congreso argentino ha debatido, por iniciativa del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cambios en el nombramiento de los miembros del Consejo de la Magistratura y una nueva regulación para las medidas cautelares. La Cámara de Diputados ya aprobó ambas medidas, pero falta el visto bueno del Senado.