Las bombas secretas de Franco: así se impulsó la energía nuclear en España

Ante la necesidad de mostrarse como elemento relevante en la Guerra Fría y de persuadir a Marruecos para que no sopesara apropiarse de los territorios españoles en África, Francisco Franco señaló prioritario hacerse con armamento nuclear. Todo ello paso a paso, con buena letra... El 22 de octubre de 1951, se constituyó la Junta de Energía Nuclear , presidida por Juan Vigón , como «centro de investigación, órgano asesor del Gobierno, instituto encargado de los problemas de seguridad y protección, contra el peligro de las radiaciones ionizantes y como impulsora del desarrollo industrial, relacionado con las aplicaciones de la energía nuclear».

Este primer paso de carácter civil para impulsar la energía fue seguido por otros puramente militares al calor de la crisis del Ifni. Agustín Muñoz Grandes –falangista y muy poco amigo de Estados Unidos– y Carrero Blanco remolcaron hacia adelante el llamado Proyecto Islero, nombre en clave en honor del toro que mató a Manolete , para obtener armamento nuclear. El catedrático de Física Nuclear y entonces comandante del Ejército del Aire, Guillermo Velarde , fue nombrado jefe de la División de Teoría y Cálculo de Reactores con este propósito.

«Este proyecto constituyó, en los primeros momentos, un auténtico fracaso. Los especialistas de la JEN (todos militares) se mostraron incapaces tanto de construir la bomba como de obtener el plutonio necesario para fabricarla. De hecho, en 1965, Franco, que también tenía gran interés en el proyecto, no mostró gran interés en su continuación», explica Roberto Muñoz Bolaños , profesor asociado de la Universidad Camilo José Cela, en su investigación ‘El Proyecto Islero. La bomba atómica española’ . Si el proyecto siguió en pie a pesar de todo, fue gracias a la insistencia de Muñoz Grandes y Carrero Blanco, que siempre lograron recursos económicos y políticos para su financiación.

Como explica Muñoz Bolaños, el punto de inflexión en una larga lista de tropiezos tuvo lugar el 17 de enero de 1966, cuando un avión cisterna KC-135 y un bombardero estratégico B-52 colisionaron en el aire sobre el espacio aéreo de Palomares (Almería). La solución vino del cielo. El bombardero llevaba cuatro bombas termonucleares Mark 28 (modelo B28RI) de 1,5 megatones, que cayeron sobre la zona, tres en tierra y una en el mar. Los técnicos españoles encontraron restos de las armas y los examinaron con atención, lo que les permitió poner de nuevo en marcha el proyecto con la tecnología disponible y pronto, con material atómico autóctono.

Desde los años 40, el físico José María Otero de Navascués había propuesto el uso de energía nuclear como alternativa al petróleo. Si bien en el franquismo no faltaron centrales nucleares como parte de su plan (se construyeron finalmente diez de 40 plantas planificadas), la estrategia estadounidense hizo a España dependiente de sus reactores baratos y de su uranio enriquecido. La tecnología de enriquecer uranio era (en el mundo occidental) exclusiva de Norteamérica y para construir una bomba atómica se necesitaban de 17 a 20 kilos de uranio altamente enriquecido. Es decir, para fabricar una bomba se necesitaba permiso estadounidense.

Con EE.UU. copando el envío de este material, España escogió la otra opción para armar una bomba: seis kilos de plutonio . El subsuelo español contenía las segundas reservas más importantes de uranio natural de Europa (4.650 toneladas evaluadas), mineral del que se obtiene el plutonio, por lo que esta estrategia ofreció una vía rápida para que España se sumara al exclusivo club de las potencias nucleares. bajo este impulso, en 1968 se instaló en Ciudad Universitaria de Madrid el primer reactor rápido nuclear llamado Coral-1, con capacidad de fabricar plutonio militar. Y cuatro años después se puso en marcha la central de Vandellós (Tarragona), dotada de tecnología francesa , que también usaba como fuente este material.

Las circunstancias internacionales, con el presidente de la República de Francia , De Gaulle, molesto con la hegemonía nuclear de EE.UU y la URSS, también fueron favorables al proyecto Islero. Tanto el general galo como su sucesor al frente de la Presidencia de la V República , Georges Pompidou, eran partidarios de que España se convirtiera en un potencia nuclear aliada suya.

La bomba atómica llegó a ser totalmente viable, como así reconoció en 1971 el propio Velarde: «España puede poner en marcha con éxito la opción nuclear militar». En un informe interno firmado por su grupo de trabajo, se especuló con los preparativos de una primera prueba nuclear en el desierto del Sahara , al sur de Smara, con un coste aproximado de 8.700 millones de pesetas por cada bomba fabricada.

Incluso estaba cubierto el aspecto legal. El régimen franquista se había cuidado en desvincularse del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares , suscrito originalmente por 19 países. Para los analistas de la CIA, España se había negado a suscribirlo porque los compromisos que adquirían los países no nucleares «eran inadecuados y obligaban a inspecciones periódicas, las cuales ponían al descubierto sus programas de cara a sus competidores».

Franco lo reconoció expresamente a Guillermo Velarde : «He considerado las ventajas que tendría para España poder disponer de un pequeño arsenal de armas nucleares, pero estoy convencido de que, antes o después, sería prácticamente imposible mantenerlo en secreto. España no podría soportar otras sanciones económicas, razón por la que he decidido posponer el desarrollo de este proyecto. No tengo intención de firmar el acuerdo internacional que se está preparando para prohibir la fabricación de armas nucleares».

A pesar del hercúleo esfuerzo documentado en los informes franquistas, nunca trascendieron pruebas de que el objetivo de tener una bomba operativa fuera alcanzado en el franquismo. Además del material atómico, se requería la tecnología balística para lanzar la bomba. Obuses autopropulsados capaces de llevar cabezas nucleares y de aviones que con ciertas modificaciones pueden convertirse en vectores.

La muerte de Carrero Blanco en un atentado de ETA a pocos metros de la Embajada de EE.UU desinfló el proyecto, que la llegada de la Democracia acabó por diluir. El 12 de marzo de 1985, el primer ministro de Defensa del Gobierno de Felipe González, Narcís Serra, declaró ante el Congreso: «No hemos heredado ningún desarrollo o estudio para producir armas nucleares, ni este Gobierno los hará». Demostración de la relevancia que alcanzó la sospecha, cierta o no, de que Francisco Franco había rozado con los dedos de la mano la posibilidad de hacerse con armamento atómico.

No sería hasta 1987, cuando EE.UU. logró que España firmase el tratado contra las armas nucleares, un pacto mediante el cual se comprometía a dejar de lado las investigaciones en ese tipo de armamento.