¿Quién paga la Primera Comunión? ¿Y el psicólogo del niño? ¿Y el judo?

¿Qué supone esto? «Padres que se han acostumbrado a que otro decida por ellos, siempre que no sea la expareja. El juez se ha convertido, en muchos casos, en el tercer padre , con el consiguiente tapón en los juzgados –insiste la presidenta de la AEAFA . Son progenitores con graves problemas para ejercer la patria potestad, que no es otra cosa que el derecho y la obligación de los progenitores de seguir tomando las decisiones importantes en la vida de sus hijos durante la minoría de edad de los mismos. De hecho, está absolutamente prohibido tomar decisiones unilaterales, salvo casos de extrema urgencia como una hospitalización por accidente, por ejemplo. En ese caso solo tienen el deber de informar».

En la actualidad, concluye Lozano, «existen dos problemas: uno, que normalmente el conflicto familiar no se resuelve con el proceso de separación, es más, se cronifica e incluso va a peor, y dos, que nos estamos acostumbrando a que las decisiones de nuestra familia las tome otro. Los padres tienen que intentar hacer un esfuerzo por consensuar en el ejercicio de la patria potestad ».

Además, insiste esta letrada, tienen que ser conscientes del elevado coste emocional que esto tiene para las partes. Por un lado «están los niños, que son siempre los más perjudicados y que en demasiadas ocasiones tienen que comparecer en el juzgado para ser explorados. Una crisis familiar mal llevada, donde los menores sufren manipulaciones, puede tener secuelas para toda la vida». Y por otro, añade, «está el coste económico que un procedimiento judicial significa, con toda la maquinaria en marcha. Juez, fiscal, letrado de la administración de Justicia, en ocasiones el psicólogo, los abogados...».

El alto nivel de rupturas existente en España, concluye Lozano, «hace necesario dotar a la sociedad de las herramientas necesarias para un buen divorcio . Esto significa que hay que hacer una reforma del Derecho de Familia de este país, y crear una jurisdicción de Familia, para que cualquier ciudadano que tenga crisis familiar tenga derecho a acudir a un juzgado de familia, con independencia de su lugar de residencia».