El 10% de los divorcios en España son de alta conflictividad y afectan a más de 100.000 menores

En España, el 10% de los divorcios son considerados de alta conflictividad y afectan a más de 100.000 menores cada año, lo que supone 1 de cada 5 niños. Además, estos casos consumen el 90% de los recursos judiciales del sistema judicial.

El Coordinador Parental tiene como objetivo principal velar por el interés superior del menor. En los divorcios de alta conflictividad los hijos sufren maltratos psicológicos, por presiones y/o manipulaciones para odiar y mentir «al otro progenitor» . En los casos más graves, pierden el contacto con alguno de los dos. Esto produce daños psicológicos importantes que les supondrán serios problemas en la vida adulta.

Para Lucía del Prado , presidenta de la Fundación Filia, «las herramientas existentes en España en los procesos de divorcio altamente conflictivos eran insuficientes. Hasta ahora, el juez derivaba estos casos al mediador , pero la propia naturaleza de éste tiene unos condicionantes que ya de por sí limitan su intervención. El Coordinador Parental es una figura nueva que se está demandando cada vez más. Interviene como auxiliar del juez, basándose en las carencias que se vienen arrastrando por las limitaciones que tiene la naturaleza de la figura del mediador».

La apreciación y valoración neta de su necesidad «ha provocado que los Tribunales de Justicia en España requieran la intervención de nuevos profesionales especializados que sepan y puedan paliar los efectos negativos de estos procesos de alta conflictividad a través de la nueva figura de este coordinador», explica.

Interviene por determinación de un juez en ejecución de sentencia. Ayudará a los padres que afrontan estos procesos a implementar su plan de parentalidad y orientarlos en referencia a las necesidades de sus hijos.

La gran diferencia con respecto a la figura del mediador «es que tras su intervención, el coordinador emitirá al juez un informe detallado que podrá desplegar sus efectos en el proceso judicial. Además, su labor es de obligado cumplimiento ya que viene determinada por un juez. Tiene una duración de tres meses , con posibilidad de prórroga durante otros tres, según los casos, y tiene potestad para entrevistarse con el entorno del menor, no sólo la familia extensa, sino también con profesores, tutores, pediatras o médicos, en caso de ser necesario», concluye Lucía del Prado.