Comienza la batalla legal entre José Andrés y Donald Trump

El millonario sostiene que José Andrés actuó por «apasionamiento político sobre inmigración» , según su abogada, Rebecca Woods, para quien no tiene relación con el contrato. El cocinero español, defendido por Brigida Benitez, arguye que los insultos de Trump suponen un «incuestionable incremento del riesgo para un negocio del perfil y clientes de un restaurante hispano». La juez decidirá en dos semanas .

La vista reunió a ambas partes a raíz de la demanda que planteó José Andrés por daños y perjuicios. Cuando el cocinero decidió romper el contrato, a raíz de que el magnate tachara de «violadores y drogadictos» a los mexicanos que cruzan la frontera, Trump presentó una demanda contra José Andrés, en la que reclama diez millones de dólares por incumplimiento del acuerdo para gestionar el restaurante español, en lo alto del lujoso Trump International Washington DC , que abrirá en septiembre. El chef español contraatacó con otra, en la que pide ocho millones al magnate, en concepto de por daños y perjuicios para el potencial negocio, de clientes en buena medida hispanos.

En su exposición de razones, la abogada de Trump intentó minimizar el impacto de sus declaraciones desde el punto de vista del negocio, pese a que tuvieron una repercusión en todo Estados Unidos. Su línea de argumento fue que sentarían un precedente peligroso para romper contratos con facilidad, sobre todo para «aquellos que, como Jeff Bezos , Warren Buffet o los hermanos Koch , además de ser famosos, realizan a menudo declaraciones controvertidas». La representante del cocinero español replicó recordando que «las organizaciones hispanas llamaron a un boicot a todo lo relacionado con Trump» , y añadió que «esta causa nada tiene que ver sobre opiniones políticas, sino con el perjuicio a un negocio».

Si la juez acepta la moción de José Andrés, el procedimiento continuaría por esa vía hasta cuantificar los daños al cocinero español que Trump debe reparar . Si la rechaza, podría abrir juicio para determinar si la ruptura del contrato perjudica al millonario.