Ultimátum inminente para PP y Vox en Murcia antes del intento de Feijóo
En menos de dos semanas expira el plazo para que ambos partidos eviten la repetición electoral en esta región
Los de Abascal, a la expectativa, insisten en que el popular López Miras acceda a incluirlos en su Gobierno autonómico
La investidura sortea el riesgo de repetición electoral en Navidad y da tiempo a Feijóo y Sánchez

El 7 de septiembre es la fecha límite. Si ese día Fernando López Miras no ha superado una nueva sesión de investidura, la Región de Murcia se encaminará a una repetición electoral que se celebraría el miércoles 25 de octubre. Quedan por tanto menos ... de dos semanas para que la situación se resuelva o se enquiste definitivamente.
La previsión de una repetición electoral estaba completamente consolidada. La pasada semana, fuentes de la dirección nacional del Partido Popular daban por seguro este escenario tras el áspero choque con Vox en la votación de la Mesa del Congreso. Pero precisamente la recomposición de los puentes entre ambas formaciones, tras una conversación entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, abre un nuevo escenario que tendrá aquí su primera e inminente prueba de fuego.
Y todo ello con el agravante de que los acontecimientos se van a desarrollar en un tiempo en el que Feijóo es el candidato formal para la investidura. Y en haber logrado esa designación ha tenido mucho que ver que, gracias a esa reconciliación, Vox comunicase al Rey que sus 33 diputados votarían a favor del presidente del PP en una investidura.
Ambas partes quieren ganar algo de tiempo y que ese nuevo marco de relaciones no se someta desde ya a nuevos puntos de tensión. Aislar ambos acontecimientos. Pero una ruptura que conduzca a esta comunidad autónoma a nuevas elecciones en un momento en el que PP-Vox van a afrontar una investidura a nivel nacional sería difícil de digerir. Lo sería de forma prácticamente unánime en Vox. Y de forma creciente en el PP.
El movimiento de Feijóo, reconociendo el papel y su relación con Vox en la comparecencia que realizó esta semana en el Congreso de los Diputados, supuso la rúbrica de la nueva etapa: «Puede haber discrepancias. Puede haber malos entendidos. Hemos aclarado los malos entendidos y hemos valorado las discrepancias», dijo Feijóo sobre su conversación con Abascal. Además de defender que con Vox le une una «relación de normalidad democrática» y ha puesto en valor que así lo están haciendo «en distintas instituciones donde gobernamos» y «en otras donde gobernamos indirectamente». Justo el reconocimiento que Vox necesitaba.


Tras escucharlo, Santiago Abascal se pronunciaba en estos términos y en este tono: «Celebro que el señor Feijóo haya atendido las justas peticiones de Vox. Espero que a partir de ahora los enemigos de los acuerdos de gobierno entre PP y Vox se abstengan de volver a poner en peligro la construcción de la alternativa. Se abre, por tanto, una nueva etapa de colaboración entre dos formaciones muy diferentes, muy distantes, pero capaces de respetarse y ponerse de acuerdo cuando es necesario».
Otro tiempo, misma posición
La referencia de Abascal a los gobiernos conjuntos es clave, porque sigue siendo la aspiración estratégica de Vox. Salvo en Baleares, donde el PP ha necesitado ese apoyo ha sido a cambio de entrar en el Ejecutivo autonómico: Extremadura, Comunidad Valenciana y Aragón. Y el pasado año, en Castilla y León.
En Vox son conscientes de que hay un espacio creciente en el PP que no desea el choque. Pero saben que en ningún caso es unánime. Y su primera aproximación al test que se vivirá es la de mantener sus pretensiones, pero evitar un pulso abierto. Al menos en estos momentos. Fuentes de Vox transmiten que tienen expectativas de poder alcanzar un acuerdo: «Confiamos en que haya un entendimiento porque efectivamente iniciamos una nueva etapa», aseguran, pero a la vez no quieren «vincular» la cuestión autonómica con la nacional.
Esa misma vocación existe en el Partido Popular. Desde la dirección nacional transmiten que «no hay novedades por el momento» y que «no está relacionado con la cuestión nacional». Desde Génova transmiten que tampoco varía su concepción negociadora: la responsabilidad corresponde a Fernando López Miras: «Lo que decida bien está». Y siguen justificando que no haya coalición porque apenas son necesarias la abstención de dos diputados de Vox para que la investidura salga adelante. Por su parte, desde el Gobierno murciano en funciones mantienen que por el momento no hay novedades, pero esperan que la semana que viene se puedan retomar los contactos.
Los plazos son si cabe más apretados. El 6 de septiembre es el tope para la votación en la Asamblea de Murcia, con lo que un eventual acuerdo entre PP y Vox en el que se pacte un 'sí' ya en la primera votación —por mayoría absoluta— permitiría que la sesión de investidura comience la víspera, el martes 5. Pero en los cálculos del Gobierno regional en funciones los plazos apremian todavía más.
Programando una segunda votación —ya no por mayoría absoluta, basta con la abstención de Vox— el 6 de septiembre, la primera sería 48 horas antes, el lunes 4. Y, en función de cómo se habilite el fin de semana, la sesión podría comenzar incluso ya la próxima semana, el viernes 1 y el sábado 2.
Estas son opciones de calendario exprimiendo los tiempos y en función de si Vox vota a favor o se abstiene, no fechas tasadas. Lo fundamental: López Miras debe superar la votación como tarde el día 6. Ese es el límite con el que trabaja el PP. Si no lo logra, al día siguiente se disolvería la cámara regional, sita en Cartagena.
Un día después se expide el real decreto de convocatoria de elecciones, que se publica y entra en vigor en ese mismo instante. El 16 de octubre comenzaría la campaña electoral, que duraría ocho días por tratarse de una repetición. Y el miércoles 25 de octubre, entre semana, se celebrarían las nuevas elecciones en la Región de Murcia.
Una negociación frustrada
Los contactos se tienen que retomar después de semanas en blanco. Tras el fracaso de la investidura del pasado 7 de julio se le preguntó a Santiago Abascal qué tenía que suceder para que Vox cediese en su pretensión de entrar en el Gobierno murciano: «Que yo me dé un golpe en la cabeza o algo parecido», fue su respuesta. No hay constancia de que tal cosa haya sucedido.
Desde entonces han pasado cerca de dos meses sin que se tengan noticias de que haya habido avances. La última tentativa negociadora fue el pasado 25 de julio, cuando el PP convocaba a Vox a una reunión el día siguiente. Pero no llegó a producirse. Vox canceló su participación en la cita aduciendo que no se había contactado con su candidato regional, José Ángel Antelo. Y es que la reunión se había cerrado entre el portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado, y el diputado regional de Vox Rubén Martínez Alpáñez. El PP lo recibió como una señal clara de que Vox quería elecciones.
No ha habido nuevos intentos. En el PP regional dan por hecho que llegará el momento en que tengan que interlocutar directamente con la dirección nacional de Vox. Su última propuesta insistía en basar el pacto en un acuerdo programático. Además se incluía la oferta de cargos de representación parlamentaria e institucional.
Esto se refería al puesto en la Mesa que, cuando se constituyó la Asamblea, Vox no logró porque el PP tenía suficiente con sus votos. Eso se intentaría corregir ahora. También el senador por designación autonómica. Y los puestos institucionales tienen que ver con empresas públicas o consejos asociados a ellas, pero no en el Consejo de Gobierno. Esa propuesta no fue suficiente para Vox.
Ambas partes exhiben el resultado electoral para justificar su posición. El PP logró cerca del 43% de los votos y 21 diputados, a tan solo dos escaños de la mayoría absoluta. Un nivel de porcentaje de voto que, con la ley electoral vigente, en otras comunidades autónomas habría servido para tener esa mayoría absoluta. Mientras, Vox también pone encima de la mesa uno de sus mejores resultados: cerca de un 18% de voto, que se traducen en 9 diputados.
Cuando se cerró la coalición en Aragón, los ojos se tornaron hacia López Miras. El PP defiende que su caso es distinto al de sus colegas que sí han tenido que incluir a Vox: aquí no hay Gobierno alternativo posible, ni se espera que lo haya tras otras elecciones. Aunque esto precisamente tiene doble lectura.
Pero lo que más diferencia en el fondo Aragón de la Región de Murcia es que en este último caso la relación entre las partes es de desconfianza. Y en lo programático, la pretensión de Vox de ocupar la cartera de Agricultura y la discrepancia sobre la posición respecto a las políticas en torno al Mar Menor aparecen como puntos insalvables. El PP defiende su ley de protección de este espacio natural que Vox ha llegado a plantear derogar y que, como mínimo, quiere reformar en profundidad.
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